La deuda infinita de las víctimas del club Ninfas

La instrucción judicial sobre la presunta red de trata de seres humanos para su explotación sexual vinculada al club Ninfas de Maside ha ampliado el alcance de la causa tras destaparse nuevas dinámicas de coacción dentro de la organización. Las diligencias han revelado una nueva víctima dentro de la propia estructura de investigados, lo que agrava el escenario delictivo que se destapó con la denominada operación Oniou.

El punto de inflexión se produjo durante la toma de declaración de una mujer que figuraba inicialmente en la causa en calidad de investigada. Según las pesquisas policiales, esta persona habría actuado como colaboradora o testaferro de la organización. Sin embargo, tras su comparecencia en sede judicial, su situación procesal ha dado un giro: la mujer declaró haber ejercido la prostitución bajo amenazas y coacciones por parte de la red. Ante este testimonio, el tribunal procedió inmediatamente a realizarle el ofrecimiento de acciones en calidad de perjudicada, reconociéndola como una víctima más de la trama.

El balance de la operación Oniou -nombre que los investigadores asignaron al caso combinando el término Oni (diablo en la mitología japonesa) y Ourense- arroja cifras contundentes. La causa cuenta ya con once investigados y un total de once mujeres identificadas como víctimas de explotación: diez testigos protegidas que trabajaban en el club de alterne en el momento de la intervención policial, sumadas a la nueva perjudicada.

La operación, que se hizo pública en junio de 2024 con la detención de ocho personas (cuatro hombres y otras tantas mujeres) de forma simultánea en Carballiño, Betanzos (A Coruña) y Madrid continúa abierta y el juzgado sigue practicando diligencias para esclarecer el alcance total de las actividades ilícitas desarrolladas dos prostíbulos. A todos ellos se les investiga por trata de seres humanos, blanqueo de capitales, un delito contra la salud pública y pertenencia a una organización criminal con ramificaciones en otros países.

Así se contó en La Región, al detalle.

Paralelamente, al avance de la instrucción, se mantiene la situación de privación de libertad para el núcleo duro de la organización, a pesar de los intentos de las defensas por modificarla.

Los considerados cabecillas de la trama, Aquilino González Iglesias y sus hijos, Aquilino y Solimar González Freire, permanecen internos en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar. El juzgado ha desestimado hasta la fecha sus reiteradas solicitudes de libertad provisional, al considerar que persisten los motivos que fundamentaron su ingreso en prisión, una decisión corroborada por la Audiencia provincial. En este mismo centro penitenciario continúa recluida Claudia Yised Rodríguez.

La red atrapaba a las mujeres cobrando hasta por el agua, el wifi o los chicles para que nunca pudieran saldar los 4.000 euros

Por otra parte, la investigada Isbelia Orsini Chaffardett está en prisión provisional en el centro de A Lama (Pontevedra). Diferente es la situación de Gabriel González González y Rosa Hilario Santos; aunque ambos llegaron a ingresar en prisión tras las primeras detenciones, el tribunal acordó posteriormente su puesta en libertad provisional tras el abono de las correspondientes fianzas, quedando sujetos a las obligaciones de comparecencia que dicte el juzgado mientras continúa la investigación.

El despliegue policial culminó nueve meses de investigación de la Guardia Civil y la Unidad Central Operativa (UCO), iniciadas en septiembre de 2023 tras detectarse un primer caso de explotación sexual tras la voz de alarma dada por un cliente. Durante el registro del 18 de junio de 2024, los agentes hallaron a 12 mujeres en el Ninfas, mayoritariamente de nacionalidad colombiana, aunque se estima que la red llegó a explotar a medio centenar de víctimas, algunas de tan solo 21 años. La trama utilizaba también el club Montecito (San Cristovo de Cea), al que derivaban a las mujeres que generaban “menos ingresos”.

Una de las mujeres llegó a definirse como una “esclava sexual por 50 euros”. En la inspección, los agentes descubrieron una estancia equipada para prácticas sadomasoquistas, así como fármacos para la disfunción eréctil y diverso material sexual.

Según las pesquisas, la organización captaba a las víctimas en Colombia con falsas ofertas de empleo en hostelería o limpieza. A su llegada a España, se les imponía una deuda de entre 2.500 y 4.000 euros bajo graves coacciones: “Conozco dónde vives y tengo personas allí que pueden hacer mucho daño a tu familia”. La deuda se volvía perpetua e impagable debido a los costes abusivos del propio encierro: el hospedaje costaba 50 euros diarios (25 los lunes, cuando cerraba el club) y debían pagar el alquiler de las habitaciones para los servicios sexuales (15 euros la hora y 10 la media hora), además de tarifas por el agua (2,50 euros en barra), el wifi o incluso los chicles (un euro).

El control era férreo. Las víctimas relataron que debían estar disponibles en el salón a las 18,00 horas bajo la vigilancia del patriarca, Aquilino padre, quien utilizaba un silbato para apremiarlas si se retrasaban, a menudo entre insultos. Una de las mujeres llegó a definirse como una “esclava sexual por 50 euros”. En la inspección, los agentes descubrieron una estancia equipada para prácticas sadomasoquistas, así como fármacos para la disfunción eréctil y diverso material sexual.