Diez claves para explicar el caso que acorrala a Jácome

Cronología, claves y escenarios futuros sobre el caso que pone en peligro la carrera del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome:

1. ¿Cuál es el origen, quién denunció y qué se investiga?

Respuesta. El procedimiento judicial actual se abrió a raíz de una querella criminal presentada por Telmo Ucha Álvarez, concejal de Democracia Ourensana en el pasado mandato. Antes de acudir a los juzgados, Ucha ya había presentado denuncias formales ante el propio Concello en abril y junio de 2024 exigiendo que el alcalde devolviera los salarios cobrados, pero fueron desestimadas con un informe del asesor jurídico Javier García Gago como argumento. Previamente, la Fiscalía también había investigado estos hechos a finales de 2023, archivando sus diligencias en mayo de 2024 pero advirtiendo formalmente de la situación irregular para que se depuraran responsabilidades. El centro de la investigación es concluir si Jácome cometió un delito al cobrar su sueldo íntegro como alcalde dsede 2019 en régimen de “dedicación exclusiva” mientras mantenía la explotación de sus negocios, en especial Auria TV, sin haber solicitado al pleno la preceptiva autorización.

1. ¿Qué norma se le acusa de haber incumplido?

R. Se le acusa de infringir el régimen de la Ley de Incompatibilidades y el artículo 13.3 del Reglamento de Entidades Locales. Esta normativa establece que si un cargo público con dedicación exclusiva tiene “otras ocupaciones marginales” que sean “remuneradas” se requerirá imperativamente “una declaración formal de compatibilidad por parte del pleno de la entidad local”.

1. ¿Qué delitos se le imputan?

R. Por un lado, el juez instructor y el Ministerio Fiscal aprecian un delito continuado de prevaricación administrativa (artículo 404 del Código Penal) por no solicitar la compatibilidad. Por otro lado, la acusación particular (ejercida por Telmo Ucha) suma a la prevaricación otros dos delitos: malversación de caudales públicos agravada y falsedad documental en documento público.

1. ¿A qué penas se enfrenta?

R. La Fiscalía solicita 9 años de inhabilitación para cualquier empleo o cargo público cuyo acceso sea electivo. La acusación particular exige penas que conllevarían su entrada en prisión, sumando un total de 11 años y 6 meses de cárcel (7 años por el delito de malversación y 4 años y 6 meses por falsedad). A esto suman inhabilitación absoluta por 17 años, inhabilitaciones especiales, una multa de 108.000 euros y la obligación de devolver a las arcas públicas 491.025 euros.

1. ¿Cuáles son los argumentos principales de la Fiscalía?

R. El fiscal sostiene que el alcalde cobró retribuciones públicas (que llegaron a más de 77.400 euros en 2024) al mismo tiempo que facturaba cantidades altísimas por su televisión privada, como los 218.041 euros brutos en el ejercicio 2020 o los 136.257 euros en 2023. Según la acusación pública, Jácome “sabía que no le iban a conceder la compatibilidad” y por eso nunca la sometió a consideración del pleno, cobrando un sueldo que sin esa concesión no tendría derecho a percibir.

1. ¿En qué se basa Ucha para pedir 11,5 años de cárcel?

R. La querella de la acusación particular dibuja una trama premeditada. Afirma que Jácome orquestó un “circuito cerrado de extracción de caudales públicos” utilizando a Democracia Ourensana como vía para desviar subvenciones institucionales hacia su cuenta personal, simulando el pago de facturas publicitarias a su propia televisión. Además, para sostener la falsedad documental, argumenta que el alcalde cometió fraude al ocultar sistemáticamente su faceta de empresario y parte de su inmenso patrimonio inmobiliario: en sus declaraciones a Hacienda llegan a constar 19 inmuebles, que omitió en los registros de bienes de la Corporación.

1. ¿Qué alega la defensa?

R. La defensa insiste en que no se ha cometido ningún delito y pide que se archive el caso. Argumentan que la titularidad de Auria TV no es una “ocupación remunerada” (renta del trabajo) sino un acto de “administración de su patrimonio personal” que le genera rentas de capital. Defienden que la ley excluye explícitamente la administración del patrimonio, por lo que Jácome no estaba obligado a pedir autorización. Además, recalcan que actuó sin dolo porque consultó al asesor jurídico del Concello (Juan Ramón Costas en 2019), quien le indicó que el trámite no era necesario.

1. ¿Hubo algún intento del alcalde de regularizar la situación?

R. Sí, y este punto es utilizado en su contra por las acusaciones. El 5 de agosto de 2019, Jácome llegó a presentar formalmente la solicitud de compatibilidad ante el Concello. Sin embargo, la retiró mediante un escrito de desistimiento justo antes del inicio de la sesión del pleno que debía votarla. Las acusaciones creen que lo hizo para evitar una denegación segura -no tenía mayoría asegurada- que le habría obligado a elegir entre su empresa y su cargo. Jácome, en su declaración judicial, dijo que lo retiró “por un tema de imagen”, alegando que le habían dicho que no era legalmente necesario y que, si lo pedía, parecería ante los ciudadanos que ejercía “una segunda actividad”.

1. ¿Cuál es el siguiente paso?

R. La instrucción del caso ya ha concluido: el juez considera que hay indicios delictivos para llevarlo a juicio por prevaricación y da por concluida la investigación penal. La Fiscalía pide también abrir juicio por prevaricación, mientras la defensa ha presentado recurso de apelación pidiendo el archivo total y la acusación particular (Telmo Ucha) ha recurrido exigiendo que el caso se amplíe para juzgarle también por malversación y falsedad. Ahora, la Audiencia Provincial debe resolver estos recursos y pronunciarse en los próximos días decretando la apertura de juicio oral o, en su defecto, el archivo de la causa.

1. ¿Puede este caso impedirle presentarse a las elecciones municipales de mayo de 2027?

R. Sí, en aplicación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. La Fiscalía pide apartarle de cualquier cargo electivo durante 9 años por prevaricación (un delito contra la Administración Pública). El artículo 6.2.b) de la ley electoral española estipula la “inelegibilidad” para los condenados a penas de inhabilitación por este tipo de delitos, incluso aunque la sentencia se dicte en primera instancia y todavía no sea firme (es decir, aunque la defensa recurra esa posible condena). Si hay sentencia condenatoria antes de mayo de 2027, la carrera política de Jácome quedaría suspendida y no podría ser candidato.