La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para Jácome por un presunto delito de prevaricación

La Fiscalía Provincial de Ourense acaba de presentar escrito de acusación contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por un presunto delito de prevaricación y solicita para él una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. El fiscal Mario Brualla González dirige la acusación contra Jácome, el líder de Democracia Ourensana, y solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Ourense.

Según el escrito fiscal, Jácome desempeña la Alcaldía de Ourense desde el 15 de junio de 2019 en régimen de dedicación exclusiva “sin haber interesado en ningún momento la compatibilidad” de ese cargo con las actividades profesionales privadas que desarrollaba al margen de su condición de alcalde.

El Ministerio Público sostiene que, mientras percibía la retribución municipal como alcalde, mantenía actividades privadas remuneradas, entre ellas la explotación de Auria TV, de la que señala que era propietario y único responsable, y la administración de la mercantil Jolper Música SA hasta agosto de 2020.

El fiscal recoge en su escrito las cantidades percibidas por Jácome como alcalde: 36.501,63 euros en 2019; 69.925,94 euros en 2020; 70.555,24 euros en 2021; 73.024,70 euros en 2022; 75.215,42 euros en 2023; 77.457,30 euros en 2024 y 66.699,96 euros hasta noviembre de 2025. Además, la acusación fiscal incorpora los ingresos brutos que atribuye a sus actividades privadas durante esos años. En el caso de Auria Televisión, cifra esos ingresos en 68.261,12 euros en 2019; 218.041,17 euros en 2020; 84.671,47 euros en 2021; 111.591,69 euros en 2022; 136.257,25 euros en 2023 y 89.905,23 euros en 2024.

También recoge otros ingresos profesionales y de promoción inmobiliaria en determinados ejercicios. El escrito de acusación afirma que las ocupaciones ajenas al cargo de alcalde “no tenían el carácter de residual, secundario o marginal” y sostiene que Jácome no solicitó la compatibilidad porque, según la Fiscalía, sabía que no le sería concedida por el pleno del Concello de Ourense.

El fiscal recoge que el 5 de agosto de 2019 Jácome solicitó al Concello la declaración de compatibilidad de sus actividades y que desistió de esa petición el 8 de agosto de ese mismo año.

El escrito incorpora también que el pleno del Concello de Ourense aprobó el 3 de diciembre de 2021 una moción que instaba al alcalde a renunciar al sueldo por incompatibilidad, así como los acuerdos plenarios de 2019 y 2023 sobre el régimen retributivo de la Alcaldía en dedicación exclusiva. La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal y atribuye a Jácome la responsabilidad como autor.

La pena solicitada por el Ministerio Público es una inhabilitación especial por nueve años para empleo o cargo público, con el alcance que concreta en su escrito a cargos electivos, personal de confianza y puestos en administraciones, entes o sociedades públicas o mixtas.

La Audiencia Provincial de Ourense tiene pendientes de resolver los recursos presentados por la defensa de Jácome, que solicita el archivo de la causa, y por la acusación particular ejercida por Telmo Manuel Ucha Álvarez, que solicita ampliar los delitos investigados a falsedad documental y malversación de caudales públicos.

La causa tiene su origen en la denuncia presentada por Telmo Ucha el 11 de abril de 2024 ante el Concello de Ourense por el cobro del sueldo de alcalde en régimen de dedicación exclusiva mientras ejercía actividades privadas. Esa denuncia fue judicializada el 20 de junio de 2024.

La Fiscalía Provincial tramitó previamente diligencias de investigación sobre estos hechos y que finalizaron mediante decreto de archivo de fecha 13 de mayo de 2024, dando paso a la denuncia ante el juzgado. La Fiscalía solicita que se tengan por propuestas las pruebas para el juicio, entre ellas la declaración del acusado, la testifical de Telmo Ucha y de dos agentes de Policía Nacional, además de documentación incorporada a la causa. Será la Audiencia Provincial de Ourense la que, en su caso, determine si los hechos son constitutivos de delito y la responsabilidad penal del acusado.