El Concello debe pagar 110.000 euros a Stella González, otra funcionaria acosada por Jácome

El Juzgado de lo Social número 2 de Ourense ha condenado al Concello de Ourense y el regidor, Gonzalo Pérez Jácome, a abonar más de 48.000 euros en concepto de indemnización por daños morales y la incapacidad temporal a Stella González Iglesias, funcionaria municipal y exjefa de Negociado de Comercio, a la que el alcalde cesó en agosto de 2023 tras haber ido en las listas del PP a las elecciones municipales, tras años de acoso continuado.

La magistrada concluye que el Concello y Jácome infringieron la normativa en materia de prevención de riesgos laborales en relación con Stella González Iglesias -al no haber activado el protocolo antiacoso tras la denuncia de la trabajadora ante Recursos Humanos- y ordena ahora el “cese de toda conducta que constituya infracción de normas preventivas y que continúen provocando un daño a la salud de la demandante”.

Asimismo, se condena al Concello y a Jácome a abonar a González Iglesias, de forma conjunta y solidaria, la cantidad de 30.000 euros en concepto de indemnización por daños morales, así como 18.685,25 euros en concepto de indemnización por la incapacidad temporal -sigue de baja en la actualidad, por problemas psicológicos-.

Las “presiones” de Jácome

En la sentencia, la jueza considera probado que el alcalde presionaba a la concejala María Dibuja “para que la funcionaria resolviese como él quería (firmar informes que no procedían, no resolver determinados expedientes)”. La jueza también considera hechos probados que Jácome “delante de otros trabajadores dijo a la concejala que la actora era inepta, inútil, subnormal” y que “mandó a la feria de luces en Alemania a un amigo suyo y a un asesor ninguneando a la actora”.

Durante el periodo en que Telmo Ucha fue edil de Comercio, la magistrada sostiene que también el alcalde “presionaba al concejal para que la actora resuelva como él quería” y que dijo que “a esta, ni puto caso, hay que buscar la manera de poner a otra persona, se nota mucho que es del PP”.

Asimismo, la sentencia considera probado que Jácome “presionaba” directamente a la demandante “para que resolviera los expedientes en un sentido o en otro”. Además, “le decía que era una inútil”, lo que provocaba que la llegase llorando al Negociado en varias ocasiones.

Esta no es la única demanda que ha ganado Stella González Iglesias, ya que hace unos días también el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 estimó el recurso interpuesto por esta misma funcionaria contra la desestimación del Concello de la reclamación que presentó en octubre de 2023 sobre el reconocimiento del desempeño de funciones de superior categoría, así como acerca del abono de las diferencias salariales.

La magistrada anuló la desestimación del Concello, ya que considera que la demandante efectivamente realizó “de modo continuado, desde el año 2015 y hasta su cese en el año 2023, las funciones esenciales del puesto de Técnico asesor de Abastos, Comercio, Industria, Mataderos y Mercados”.

En consecuencia, la magistrada condena al Concello a abonar a Stella González Iglesias la cantidad correspondiente a la suma de las diferencias entre las retribuciones complementarias por complementos de destino y específico del puesto de Técnico asesor de Abastos, Comercio, Industria, Mataderos y Mercados y el puesto de Jefe de Negociado de Comercio, de las nóminas de octubre de 2019 a agosto de 2023, ambas incluidas y sus pagas extras, con los intereses legales de dichas diferencias retributivas.

El importe concreto se determinará según se establezca en la ejecución de sentencia. En todo caso, podría ser una cantidad superior a los 60.000 euros con cargo a las arcas municipales, teniendo en cuenta que el abogado de la demandante reclamaba en el recurso el abono de 54.798,27 euros en concepto de la diferencia entre retribuciones de ambas categorías.

Tercera condena por acoso

Es la tercera condena por acoso con Jácome como alcalde, tras la de la intendente jefa de la Policía Local, María Barrera (30.000 euros de indemnización) y la del interventor municipal, Gonzalo Alonso, que se saldó con 30.000 euros y la reposición en su cargo.