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CÁRCEL POR DAÑOS MORALES
La curiosidad mató al gato y la curiosidad, tal como ella misma admtió, sentó en el banquillo de los acusados a la enfermera Iria F.R. por consultar el historial médico de una conocida, con lazos familiares lejanos, cuando ambas prestaban servicio en el CHUO. La inculpada insistió en más de una ocasión a lo largo de la vista que estaba muy arrepentida e incluso hizo uso del turno de última palabra para “pedir perdón”. “Pido perdón públicamente y estoy muy arrepentida”, apuntó.
Es consciente de que su indiscreción, a la hora de consultar la historia clínica, está especialmente penada. La fiscalía y la denunciante le imputan de un delito de revelación de secretos pero con la agravante de ser la inculpada una funcionaria pública. Por este motivo, la fiscal añadió más tiempo de cárcel en su informe final: pasó de pedir dos años y medio de prisión a reclamar tres años y tres meses, además de 20 meses multa con una cuota diaria de seis euros. La acusación particular interesó hasta cuatro años de cárcel y 25.000 euros de indemnización por el daño moral invocado por la perjudicada: está a tratamiento psicológico por estos hechos. No obstante, el pasado viernes la acusada consignó ya 6.000 euros para así aminorar la pena si el tribunal atiende la reparación de daño planteada por la defensa.
Además, ambas peticiones llevan aparejada la petición de inhabilitación absoluta para trabajar en la sanidad: entre los seis y ocho años.
Iria utilizó su tarjeta de identificación personal para consultar datos médicos en junio y diciembre de 2019. De esta forma, tuvo acceso a un médico, a dos informes de alta y a otro de radiología. La perjudicada, según relató, aseguró que mantenía una relación cordial con la denunciada y aseguró que en enero de 2023 se percató, al consultar una analítica, que su historial había sido visto por la acusada.
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