El escrito contra Tomé fue el detonante de la denuncia de la edil de Barbadás

Una exmiembro del gobierno municipal de Barbadás -y actual edil- contó ayer en el Social 3 que el detonante que le hizo presentar una denuncia en el canal interno del PSOE contra el alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, fue el comunicado que este firmó junto a otros cargos socialistas en diciembre para pedir la salida de José Tomé. “Ahí fue cuando dije: ‘No puedo más”, confesó ayer en la vista por la demanda que presentó por “incumplimiento en materia de prevención de riesgos con vulneración de derechos fundamentales”.

En el manifiesto, se señalaba que ante cualquier denuncia de conducta que pueda vulnerar la integridad o dignidad de las personas, el apoyo a las víctimas es “imprescindible”. Sin embargo, la exconcejala no sintió ese respaldo en la actuación del alcalde a raíz de que ella le comunicase que otro miembro del gobierno le había enviado en julio de 2024 unos mensajes que describió como “fuera de tono”.

“La herida nunca se cerró”

Al cabo de unos días, señaló, le comunicaron que se iba a hacer lo posible para que el remitente de los mensajes dimitiese como concejal, lo cual se formalizó en septiembre. En ese momento ella ya estaba de baja debido a un trastorno de ansiedad. El motivo, aseguró, fue una reunión en la que el alcalde le dijo que si hacía público lo ocurrido la cesaba.

Ella volvió a su trabajo en enero de 2025: “Es una herida que nunca se cerró y una vez que me reincorporé notaba presiones y supuestas coacciones del alcalde”. Finalmente, tuvo que volver a una situación de baja. El caso llegó ayer al Social 3 tras la demanda que presentó la concejal contra el Concello y el alcalde en la que pide una indemnización de 97.238 euros por daños morales y lucro cesante. “Dimitimos porque sentimos que la víctima no fue arropada por su superior”, señaló una de las cinco concejalas que dejó su cargo. Por su parte, José Manuel Morgade, quien permaneció en el gobierno municipal, señaló que para él la dimisión del edil fue correcta: “Es la medida más drástica que se puede tomar”.

Las defensas argumentaron que el caso no es competencia de la jurisdicción social y que está prescrito.