Estalla la crisis económica en el Concello de Ourense: Jácome reconoce el colapso e insta a los proveedores a demandar

La crisis por la morosidad arrastrada en los últimos años en el Concello de Ourense ha estallado este jueves de forma oficial. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, ha convocado de urgencia una junta de portavoces para reconocer la "paralización" en el pago de facturas a proveedores de la entidad local. Sin embargo, lejos de entonar el "mea culpa", el regidor ha responsabilizado en exclusiva al departamento de Intervención y ha animado, en una insólita maniobra, a las empresas afectadas a acudir a los juzgados para poder cobrar.

Esta crisis abierta confirma punto por punto lo que se lleva meses avanzando respecto al récord de facturas impagadas en el Concello, convertido en la entidad local más morosa de toda España y con mayor deuda comercial por habitante.

Jácome ha asegurado tras la junta de portavoces que el problema no es la falta de liquidez, ya que el consistorio dispone de 75 millones de euros en las cuentas bancarias. Según el regidor, el bloqueo se debe a que Intervención "no fiscaliza algunas facturas", impidiendo automáticamente que el trámite avance para proceder a su pago. Ante esta situación, el gobierno local está informando a los proveedores de su derecho a solicitar "medidas cautelarísimas" en el juzgado, amparándose en el artículo 199 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Además, Jácome ha dado traslado de la situación a la Xunta de Galicia para que evalúe a Intervención, afirmando que estudiará las vías legales para proteger los intereses municipales ante posibles costas judiciales. Sin embargo, recientemente la Xunta ya archivó el expediente al interventor que instaba a tramitar el Concello.

La oposición censura el "caos" y el "victimismo" de Jácome

La respuesta de la oposición ha sido unánime y contundente. Desde el BNG, su portavoz Luís Seara ha exigido al alcalde que "deixe de victimizarse e asuma a súa responsabilidade", acusándole de intentar culpabilizar a los funcionarios de su propia incapacidad. Los nacionalistas denuncian que Jácome ha provocado este embudo al someter a Intervención a un "continuo desmantelamento", con traslados constantes de personal y recortes de recursos. Advierten, además, de que empujar a las empresas a los juzgados implicará consecuencias económicas muy negativas para las arcas municipales por el inevitable pago de intereses de demora y costas.

Por su parte, la portavoz del PP, Ana Méndez, ha tildado de "irresponsable e profundamente inxusto" que el alcalde culpe al interventor de un problema que el gobierno local lleva años generando. Los populares rechazan que se intente involucrar a la Xunta en la ecuación y recuerdan que la responsabilidad exclusiva de que los proveedores cobren es del alcalde. Para Méndez, la situación es "consecuencia directa dunha forma de gobernar baseada na improvisación". Como ejemplo práctico de esta parálisis, el PP ha señalado la reciente paralización de las obras de la avenida de Portugal por los impagos acumulados con la empresa adjudicataria.

Por su parte, el grupo socialista ha lamentado la "alarmante falta de transparencia" de la reunión, en la que se expuso una situación "da que non se facilitaron nin importes, nin departamentos afectados, nin número de facturas, nin a súa antigüidade".

La portavoz del PSOE, Natalia González, advierte del riesgo de que este bloqueo paralice el funcionamiento ordinario del Concello, recordando que "unha administración funciona con provedores que cobran, con contratos que se tramitan e con facturas que se pagan".

Además, el PSOE censura que Jácome vuelva a buscar excusas fuera de su gobierno: "Cando algo sae ben, o mérito é do alcalde; cando algo sae mal, a responsabilidade sempre é doutro".

Los socialistas lanzan un mensaje al regidor: "Os gobernos están para asumir responsabilidades, non para repartilas. E o alcalde non foi elixido para explicar problemas, foi elixido para resolvelos".

Un agujero de más de 50 millones y 82 días de retraso

La crisis institucional confirmada hoy constata el caos financiero que arrastra la ciudad. A cierre del primer trimestre de 2026, el Concello de Ourense acumulaba más de 50 millones de euros en pagos pendientes: 35,5 millones de deuda comercial reconocida oficialmente y otros 15,7 millones correspondientes a 1.601 facturas atrapadas en un limbo contable sin tramitar.

La situación, lejos de resolverse, empeora. Los últimos datos del Ministerio de Hacienda revelan que en el mes de abril el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) de Ourense se disparó hasta los 82,22 días, casi triplicando el límite legal (30 días). Este escenario consolida a Ourense como la ciudad con mayor deuda comercial por habitante de España (338 euros por vecino).

A esto se suma que el Concello de Ourense deberá aplicar un Plan Económico Financiero este ejercicio, lo que inmovilizará 40 millones de euros del banco, por un déficit contable de más de 45 millones de euros en 2025, pendiente de confirmar con el cierre del ejercicio del año pasado.