El fiscal se alinea con el juez y reclama abrir juicio a Jácome

La Fiscalía Provincial de Ourense también solicita que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, sea juzgado por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa por haber compaginado su salario público con los ingresos de su actividad privada sin solicitar la preceptiva compatibilidad. Así lo ha recogido el Ministerio Público en un escrito en el que rechaza el recurso de apelación de la defensa de Jácome que pedía dejar sin efecto el auto del pasado 14 de abril, en el que el juez Leonardo Álvarez imputaba al regidor un delito de prevaricación continuada.

En su escrito, remitido a la plaza número 1 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense, el fiscal Mario Brualla ha solicitado la confirmación íntegra de la resolución judicial para que el regidor se siente en el banquillo de los acusados. El dictamen es rotundo. Jácome “ha estado cobrando el sueldo de alcalde bajo el régimen dedicación exclusiva, cuando lo cierto es que realizaba actividades privadas que le generaban importantes beneficios, absolutamente incompatibles con su sueldo público”.

Apoyándose en la documentación de la Agencia Tributaria que figura en el sumario, el fiscal detalla que Jácome percibía ingresos por una doble vía, principalmente a través de su televisión local, Auria TV. El documento especifica que el investigado “realizaba declaraciones de IVA, como consecuencia de su actividad empresarial” y que tenía dos actividades económicas que le reportaban unos “ingresos brutos de 162.000 euros anuales” y que “duplicaban sus ingresos por rendimiento de trabajo” como alcalde en el Concello.

Frente a la contundencia de estos datos, la defensa del regidor solicitaba el sobreseimiento de la causa, argumentando que la titularidad de Auria TV supone una mera administración patrimonial que no limita su dedicación a la alcaldía y sosteniendo que no desempeñaba labor profesional alguna en ella.

Sin embargo, el fiscal afirma de forma tajante que la alegación de inactividad “no es creíble, con ese nivel de ingresos”. El escrito añade que las gestiones publicitarias y de comunicación para el partido Democracia Ourensana “conllevan una actividad consustancial para su gestión, una actividad no desdeñable visto los importantes ingresos”.

El polémico informe El Ministerio Fiscal también rechaza que el alcalde pueda ampararse en el informe elaborado en el año 2019 por Juan Ramón Costas, entonces jefe de la asesoría jurídica del Concello y designado recientemente como coordinador general. La acusación pública hace suyos los fundamentos del juez instructor, Leonardo Álvarez, quien concluyó en su momento que dicho documento carecía del más mínimo rigor y estaba hecho “al gusto del señor alcalde”, señalando el fiscal que “el asesor no conocía concretamente los ingresos de las actividades privadas que realizaba el investigado”.

En el análisis del delito de prevaricación que le imputan tanto el juez como el fiscal, que conlleva posibles penas de inhabilitación para cargo público de entre 9 y 15 años, el representante del Ministerio Público subraya que Jácome tenía pleno conocimiento de la irregularidad de su situación. Para ello, enumera tres avisos previos ineludibles: la moción aprobada en el pleno municipal de diciembre de 2021 (que exigía la devolución de sus salarios), las “diligencias de investigación de la Fiscalía y el procedimiento ante el Tribunal de Cuentas”.

“Lo sabía perfectamente” Según detalla Brualla, el regidor “sabía perfectamente que tenía que solicitar la compatibilidad, pero no lo hacía porque sabía que se la iban a denegar, motivo por el que retiró la que presentó”, en agosto de 2019, minutos antes de un pleno. Por todo ello, la Fiscalía solicita “la desestimación del recurso interpuesto” por la defensa del regidor. Respecto a las nuevas pruebas solicitadas por el alcalde y rechazadas por el juez instructor (como la declaración testifical de varios funcionarios), el fiscal comparte el criterio del magistrado e indica que esto no impide a la defensa llamar como testigos a estas personas en el juicio.

Por su parte, Jácome proclamó en sus redes que tiene ingresos “a mucha honra”, porque “en España es legítimo, obviamente”.