La Fiscalía rechaza el recurso de Jácome porque sus actividades privadas eran "absolutamente incompatibles" con su sueldo municipal

La Fiscalía Provincial de Ourense ha impugnado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, contra el auto del 14 de abril de 2026 que transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado por un presunto delito de prevaricación.

El fiscal Mario Brualla solicita la confirmación íntegra de la resolución judicial al considerar que el investigado "ha estado cobrando el sueldo de alcalde bajo el régimen dedicación exclusiva, cuando lo cierto es que realizaba actividades privadas que le generaban importantes beneficios, absolutamente incompatibles con su sueldo público".

162.000 euros brutos anuales

El escrito del Ministerio Público detalla que, según los datos de la Agencia Tributaria, Jácome percibía ingresos por dos actividades económicas que sumaban unos "ingresos brutos de 162.000 euros anuales", una cifra que "duplicaba sus ingresos por rendimiento de trabajo" en el Concello de Ourense.

Respecto a la línea de defensa que sostiene que el regidor no desempeñaba ninguna labor profesional en Auria TV, el fiscal afirma de forma tajante que dicha versión "no es creíble, con ese nivel de ingresos".

El ministerio público argumenta que las gestiones publicitarias y de comunicación para el partido Democracia Ourensana "conllevan una actividad consustancial para su gestión, una actividad no desdeñable visto los importantes ingresos".

Asimismo, el fiscal rechaza que el alcalde pueda ampararse en el asesoramiento jurídico de Juan Costas, entonces asesor jurídico y hoy coordinador general, señalando que, tal y como recoge el auto recurrido, "el asesor no conocía concretamente los ingresos de las actividades privadas que realizaba el investigado".

En el análisis de la prevaricación, el fiscal subraya que Jácome tenía pleno conocimiento de la irregularidad de su situación tras la moción del pleno municipal de diciembre de 2021, las diligencias de investigación de la Fiscalía y el procedimiento ante el Tribunal de Cuentas.

Según el fiscal Brualla, el investigado "sabía perfectamente que tenía que solicitar la compatibilidad, pero no lo hacía porque sabía que se le iban a denegar, motivo por el que retiró la que presentó" en 2019.

Por todo ello, la Fiscalía concluye solicitando la desestimación del recurso y la confirmación del procesamiento, indicando además que las pruebas denegadas hasta el momento "no son pertinentes su práctica en instrucción" y podrán ser articuladas por la defensa durante el juicio oral.

Cronología

Así ha avanzado el caso desde el inicio

2019: Inicio de la irregularidad

Gonzalo Pérez Jácome asume la alcaldía con dedicación exclusiva. En agosto, registra una solicitud de compatibilidad para su televisión privada, pero la retira minutos antes del pleno al carecer de apoyos, manteniendo desde entonces su sueldo público y su negocio privado simultáneamente.

2020: Desfase de ingresos

El regidor percibe 212.848 euros totales, de los cuales 140.000 provienen de su actividad privada. Esta cifra triplica su salario oficial de 71.000 euros, lo que el juez califica como ingresos de entidad frente a la versión del alcalde de que eran residuales.

2021-2024: Advertencias ignoradas

En 2021, el pleno municipal le insta a renunciar a su sueldo público por la incompatibilidad manifiesta. Posteriormente, en 2024, la Fiscalía le advierte formalmente sobre esta irregularidad administrativa.

2025: Imputación

El juez Leonardo Álvarez confirma que Jácome eludió la ley al no solicitar el permiso del pleno. La acusación particular eleva la gravedad del caso a malversación agravada y falsedad documental, cifrando en 432.000 euros el dinero percibido ilícitamente entre 2020 y 2025.