La fiscal pide 71 años de cárcel para una trama que prostituía a menores con víctimas de Ourense

La fiscal ha solicitado la apertura de juicio oral contra una banda criminal acusada de captar y explotar sexualmente a dos menores de edad en situación de extrema vulnerabilidad. Las víctimas, de tan solo 16 años en el momento de los hechos, enero de 2021, se encontraban fugadas del centro de menores de Montealegre, en Ourense. Según la acusación pública, los miembros de la red se aprovecharon de este estado de necesidad: las jóvenes carecían de domicilio, comida y medios económicos.

El modus operandi de la captación comenzó cuando presuntamente uno de los acusados, Oscar Z.C. (23 años), acogió a las dos menores en su piso del barrio de A Ponte durante más de una semana, manteniendo la situación oculta y sin dar aviso a las autoridades (las jóvenes estaban tuteladas por la Xunta). Una vez transcurridos unos días, organizó un encuentro en su propia casa con Irina Belén R.F. (21 años), quien les propuso directamente dedicarse a la prostitución a pesar de conocer su minoría de edad, detallándoles el funcionamiento de la actividad, los precios por servicio y las posibles ganancias. Aunque en un principio las menores rechazaron la oferta y fueron expulsadas de la vivienda, el desamparo empujó a una de ellas a caer en la red. Mientras que una de las chicas fue interceptada en el centro comercial Ponte Vella por la directora de Montealegre, su compañera terminó aceptando la propuesta y viajó a Santiago de Compostela con dinero facilitado por la propia organización.

Ya en la capital gallega, la adolescente fue recibida por Irina y su pareja, Víctor Manuel D.L.C. (26 años), quienes siguiendo su plan preconcebido le gestionaron un primer servicio sexual a modo de “prueba” de aptitud. La joven mantuvo relaciones sexuales con otro de los acusados, Carlos R.M., alias el Mago y de 42 años, cobrando 50 euros sin saber de quién se trataba en realidad. Tras superar esta prueba, los acusados comenzaron a gestionar y controlar sus citas con otros clientes en distintos pisos, quedándose con al menos el 40 por ciento de los beneficios económicos. La red criminal también intentó someter a esa misma prueba a la otra menor fugada semanas después, cuando esta trataba de localizar a su amiga desaparecida.

Graves secuelas

Estos hechos dejaron secuelas en las víctimas. Ambas han requerido asistencia médica, psicoterapia y tratamiento farmacológico prolongado tras sufrir cuadros de ansiedad y estrés postraumático severo. Ante esta situación, el Ministerio Público imputa a los cuatro acusados un delito de pertenencia a grupo criminal, solicitando 3 años de prisión para cada uno por ese delito. Además, añade 7 años de cárcel para cada procesado por cada uno de los dos delitos de inducción y favorecimiento a la prostitución, sumando una petición de 3 años adicionales para el acusado Carlos R.M. por un delito específico de corrupción de menores. En concepto de responsabilidad civil, exige que indemnicen de manera conjunta, directa y solidaria a las víctimas con un total de 55.000 euros por los daños ocasionados.

El antecedente: absolución por abusos sexuales en pleno desamparo

El calvario vivido por las dos menores se enmarca en unos días de absoluto caos y desprotección tras su fuga del centro de Montealegre. De hecho, estas mismas jóvenes protagonizaron otro proceso judicial por unos hechos ocurridos el 19 de enero de 2021, en mitad de su huida y apenas 24 horas antes de que la red criminal supuestamente materializara su explotación.

Ese día, las adolescentes denunciaron haber sufrido abusos sexuales tras conocer a dos jóvenes en el centro comercial, y que las invitaron a su casa para escuchar música. Según el relato que ofrecieron, fueron forzadas a mantener relaciones y solo lograron escapar del piso cuando una de ellas fingió saludar a un amigo desde la ventana. Por estos hechos, la Fiscalía llegó a solicitar penas de hasta once años de prisión.

Sin embargo, el caso terminó con la absolución de los dos acusados por parte de la Audiencia Provincial de Ourense. El tribunal, aplicando el principio in dubio pro reo (ante la duda, a favor del reo), concluyó que existían "dudas razonables sobre la auténtica realidad de lo acaecido". La sentencia argumentó que las declaraciones de las denunciantes -la única prueba de cargo- presentaban demasiadas fisuras y no podían calificarse de "perseverantes ni coincidentes".

Los magistrados destacaron, entre otras contradicciones, errores en la identificación de los agresores durante el proceso y variaciones significativas en su relato: desde afirmar inicialmente que lo ocurrido "no había sido tan grave" o que no habían sido forzadas, hasta cambiar de postura posteriormente. Aunque la Audiencia dio por probado que sí hubo "contacto sexual" entre las parejas, dictaminó que no existía ningún elemento con el rigor suficiente para garantizar "la total seguridad de la comisión de los delitos incriminados".