La Fiscalía denuncia a Jácome por no actuar contra el ruido nocturno

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA NOCTURNA

Acorrala al alcalde y a un técnico por consentir un delito ambiental que arruinó la salud de 17 vecinos

Los cuatro pubs denunciados en las calles Pena Corneira y Cabeza de Manzaneda. | La Región

La Fiscalía de Medio Ambiente de Ourense, dirigida por la mujer que próximamente será fiscal jefa de Galicia, Carmen Eiró, responsabiliza al máximo mandatario de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, de delinquir por ser consentidor de la contaminación acústica nocturna que llevan soportando los vecinos de las calles Cabeza de Manzaneda y Pena Corneira, en el casco histórico de la ciudad. La denuncia, presentada en el juzgado decano para que vaya a reparto, sienta un precedente histórico al ser la primera vez que la problemática acústica de la zona antigua desencadena una investigación penal que implica a la máxima autoridad local. La acción judicial se basa en la documentación aportada por la asociación del casco histórico O Cimborrio, que corroboraba las graves molestias en una Zona Saturada de Ruidos (ZAS), tal como consta en el anexo de la Ordenanza Municipal sobre protección contra ruidos y vibraciones del Concello de Ourense.

La fiscal Eiró, tras la investigación preprocesal abierta por una denuncia de O Cimborrio cursada el 11 de junio, solicitó formalmente la imputación del alcalde en aplicación de los artículos 404 y 11 del Código Penal, relativos al delito de dejación de funciones y prevaricación por omisión. Se argumenta que la autoridad municipal tuvo conocimiento de la situación de ruido crónico y la consintió de forma consciente e intencionada, incumpliendo así su obligación legal de actuar para atajar las molestias que han afectado a la salud de los vecinos.

O Cimborrio, tal como evidencia la documentación aportada a la Fiscalía, presentó denuncias administrativas a lo largo de estos últimos años y el Concello llegó a incoar expedientes a las entidades mercantiles responsables de los locales nocturnos. En algunos casos se demostró la caducidad de la licencia, pero aun así siguieron ejerciendo la actividad de café bar especial, sin limitador de sonido y, valora la fiscal, “superando con mucho el nivel de ruido permitido”.

De hecho, la fiscal solicita al juzgado, además de la declaración del alcalde como investigado, la comparecencia como testigos de 17 vecinos que acreditaron con informes médicos los graves problemas de salud sufridos tras la exposición continuada a los ruidos nocturnos: trastornos del sueño, ansiedad crónica, depresión, entre otras patologías.

Junto a Jácome, el Ministerio Público denunció, además, al técnico municipal encargado de los ruidos, Felipe B.R.: “Consciente e intencionadamente han incumplido su deber legal de actuar, con el consiguiente perjuicio para la salud de todas las personas afectadas”, asegura la representante del Ministerio Público.

La denuncia se extiende a los gerentes de cuatro pubs (Balenciaga, La Previa, L’ Suite y Wanda) así como a las sociedades mercantiles titulares de los mismos (personas jurídicas). A estos los responsabiliza de un delito contra el medio ambiente (artículo 325 del Código Penal). En la denuncia, solicita que declaren todos ellos como investigados. “En el ejercicio de la actividad de pub”, cada uno de ellos “actuó incumpliendo a sabiendas todo lo referente a la insonorización del local, cumplimiento de horarios y el ejercicio de actividad conforme a licencia”.

Entre las pruebas requeridas al juez instructor —la denuncia fue a reparto—, solicita que se recaben todos los expedientes completos de las sanciones, la declaración de los policías locales encargados de las inspecciones nocturnas y mediciones de decibelios, y que el juzgado designe un perito especializado en contaminación acústica para determinar si los niveles de ruido soportados por los vecinos perturbaron o comprometieron gravemente su salud. Muchos de ellos, tal como confirmó el portavoz de O Cimborrio, Carlos Vence, “tuvieron que dejar sus casas”. La propia fiscal así lo admite: “Algunos llegaron a malvender sus propiedades ante lo insoportable de la situación”.

Vence asegura sentir cierto “alivio y satisfacción” tras el paso dado por la Fiscalía de Medio Ambiente: “Se estuvo maltratando durante años al vecindario, con la incomprensión de políticos y otra gente sin empatía”.

Hasta siete preceptos administrativos vulnerados

La fiscal, al examinar los documentos de O Cimborrio, llegó al convencimiento de que el alcalde, el ingeniero técnico de telecomunicaciones y los gerentes de los cuatro pubs deben ser investigados dos delitos de prevaricación en la modalidad de comisión por omisión y por un delito contra el medio ambiente, respectivamente. El primero está castigado con la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 9 a 15 años. El segundo, de dos a cinco años, multa de 8 a 24 meses; inhabilitación para profesión u oficio pero en su tipo básico. En caso de grave riesgo para la salud de las personas, la pena de prisión se impone en su mitad superior.

No obstante, Carmen Eiró enumerada y detalla toda la legislación administrativa vulnerada: el artículo 25 (apartado 2, letrada d) de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local; Ley 37/2003, del ruido, con los decretos que la desarrollan; Decreto 48/2021, de 11 de marzo por el que se regula la actividad de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas así como a los establecimientos o espacios abiertos al público en que se celebran; Orden de 23 de octubre de 2020 por la que se determina el horario de apertura y cierre de los establecimientos abiertos al público y de inicio y finalización de los espectáculos abiertos al público y de las actividades recreativas; artículo 15 de la Ley 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia; artículos 14 y 17 de la Ley 10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas en Galicia; artículo 31 de la Ordenanza Municipal sobre Protección de Ruidos del Concello de Ourense.