Funcionarios de Ourense tapan un pufo en Celanova de 600.000 euros

Lo que durante casi veinte años ha sido la pesadilla silenciosa de una veintena de familias de Celanova acaba de cristalizar en una reclamación patrimonial que destapa el que podría ser uno de los casos de presunto conflicto de interés más descarado que se recuerda. La exigencia de 588.585 euros (465.000 por las obras pendientes y 125.000 por daños y perjuicios) al Concello de Celanova por la urbanización fallida de Coutada-Guadix, que acaban de presentar los vecinos a través de su abogado, Antonio Feijóo Miranda, es una demanda por obras inacabadas, pero también el hilo del que tirar para entender una red que conectaría, según consta en el escrito presentado ante instancias municipales, a la promotora fantasma que originó el desastre, al arquitecto que lo diseñó y a funcionarios del Concello de Ourense.

En el epicentro del conflicto aparece un nombre conocido: Bienvenido Fernández García, técnico de administración general de Urbanismo del Concello de Ourense -el mismo que avaló la polémica discoteca Desorden de Valle Inclán -.

La historia de este desastre comienza en Celanova entre 2007 y 2008. La promotora Residencial Ruanova debía desarrollar la urbanización Coutada-Guadix. La ley exigía al Concello de Celanova que, para autorizar la edificación simultánea a la urbanización, obligase a la promotora a presentar un aval bancario que garantizase la totalidad de las obras.

Sin embargo, el Concello celanovés, según explica el abogado de los vecinos, Feijóo Miranda, en lugar del aval, permitió a Ruanova constituir una “hipoteca basura” sobre ocho parcelas de la propia urbanización, sin que además conste una tasación previa del arquitecto municipal que estimase su valor real. Una garantía que no garantizaba nada, pues según la reclamación, esas parcelas “carecen de valor y de aprovechamiento” precisamente por no estar urbanizadas.

Así, Ruanova construyó 25 viviendas entre 2008 y 2012. Cuando llegó el momento de obtener las licencias de primera ocupación, se topó con un problema: la urbanización no estaba terminada. Pero el Concello de Celanova, en lugar de denegar las licencias -lo que habría bloqueado las ventas-, cayó en el silencio.

Este limbo administrativo fue la llave maestra para Ruanova, que alegando “silencio positivo” vendió las casas a las familias, conectó los servicios básicos de agua y luz, y procedió a su “descapitalización” y desaparición. Dejó atrás una obra ejecutada solo al 46% y a decenas de vecinos atrapados, pagando el IBI de unas viviendas que legalmente no podían vivir.

Inacción

Durante años, el Concello de Celanova, dicen los afectados, “no hizo nada”. O peor, como consta en la reclamación, llegó a contratar a un primer abogado en 2018 para ejecutar la hipoteca, al que le abonó 7.200 euros por un trabajo que jamás realizó, pues ni siquiera llegó a presentar la demanda alegando que el Concello no le facilitaba la documentación. La situación se gangrenó hasta que, con el actual gobierno del alcalde Antonio Puga, la presión obligó a mover ficha.

El Concello necesitaba un paraguas legal para afrontar el desastre, que un informe de 2020 ya cifraba en más de 362.500 euros a pagar de las arcas públicas. Fue entonces cuando decidió encargar, sin recabar presupuestos ni ofertas, según afirma el colectivo vecinal en su reclamación, un informe jurídico externo para determinar las responsabilidades. Un informe que, según el abogado de los vecinos, debiera haber emitido la Secretaría del Concello, “pero que quizás no estaba dispuesta a redactar en los términos deseados”, ironiza.

Y aquí es donde el caso de Celanova gira y se cruza el Concello de Ourense y el departamento de Urbanismo. El encargo del Concello celanovés recayó sobre un despacho llamado Estrado Abogados de la ciudad. Pero el informe resultante no lo firmó nadie de ese bufete. Los autores fueron dos nombres muy conocidos en el urbanismo ourensano, ambos funcionarios municipales: Alfonso Pavón Vidal, jefe de servicio de Licencias, y Bienvenido Fernández García, técnico de administración general del PERI.

Bienvenido Fernández, autor del informe que salva a la promotora junto a Alfonso Pavón, es socio del arquitecto de la obra fallida

La conclusión, emitida en octubre de 2024, fue música para los oídos del Concello de Celanova y veneno para los vecinos: el Concello no tenía “responsabilidad alguna” y eran los actuales propietarios quienes, por “subrogación”, deben asumir el coste millonario de la urbanización que la promotora abandonó. Lo previsto, ya que el abogado de los vecinos de Celanova sostiene quela adjudicación a ellos del informe “buscaba con notorio descaro exonerar al Ayuntamiento de toda responsabilidad, y también a la empresa promotora”.

Un círculo polémico

Lo que los vecinos sugieren -y los indicios-, a través de su abogado, es que la elección de Bienvenido Fernández como experto tiene casi tanto de escándalo como el propio conflicto urbanístico en sí. El arquitecto que diseñó el proyecto de urbanización original para Ruanova y director de la obra fue José Antonio Rodríguez Basalo. Y Bienvenido, coautor del informe que salva a la promotora y al Concello, es socio directo de Basalo en al menos dos empresas, como ha podido comprobar este periódico.

En resumen, el socio del arquitecto que diseñó la obra fallida es contratado por Celanova para redactar un informe que responsabiliza a los vecinos y salvar, de paso, al Concello y a la promotora. Los vecinos preguntaron al alcalde celanovés por la necesidad de contratar ese informe a funcionarios de Ourense. La respuesta de Puga, mediante resolución de 14 de febrero de 2025, fue que “no consta informe acerca de la necesidad justificativa” de dicha contratación.

El nivel de presunta impunidad llegó a su clímax con el acto de la firma del informe. Bienvenido Fernández y Alfonso Pavón, a quienes por su condición de funcionarios públicos “les está vedado desempeñar actuaciones profesionales lucrativas por razón de su exclusividad”, precisa Feijóo Miranda, firmaron el informe para Celanova utilizando su propio “certificado electrónico de empleado público” del Concello de Ourense. Algo así como si un ladrón fuese a robar un banco con el DNI.

la promotora desaparecida tenía su domicilio en la misma dirección del despacho privado del propio Bienvenido

Al mismo tiempo que en Celanova se entrecruzaban intereses, en el Concello de Ourense, donde Bienvenido Fernández se desempeña en Urbanismo como técnico de VPP y PERI, el concejal Francisco Lorenzo adjudicaba el 6 de agosto de 2024 la redacción de la ordenanza de las Eccom (entidades de certificación de conformidad municipal) precisamente a Basalo Arquitectos -empresa del socio de Bienvenido y arquitecto de la urbanización defenestrada-.

Así, lo que parecía una simple reclamación patrimonial de los vecinos de Coutada-Guadix en Celanova ha puesto sobre la mesa una red de conexiones que podría dirimirse en los juzgados, ya que tiene todos los visos de acabar en Fiscalía.

Telaraña de socios y sedes

Las extrañas conexiones de Bienvenido Fernández con este caso de Celanova no terminan en su relación como socio con el arquitecto de la urbanización. Se dibuja una telaraña de sedes compartidas y facturas cruzadas que apuntan a un flagrante conflicto de interés.

El primer hilo se encuentra en Celanova. La promotora fantasma, Residencial Ruanova S.L., tenía su domicilio social en la calle Celso Emilio Ferreiro, 16. Sorprendentemente, esta es la misma dirección del despacho de abogado privado del propio Bienvenido Fernández.

El segundo hilo conecta con Ourense. El Concello de Celanova contrató a la presunta tapadera, Estrado Abogados, con sede en la Rúa do Progreso, 155. Casualmente, esa es la misma dirección de Xestinorte S.L., la sociedad que comparten Bienvenido Fernández y su socio Basalo, y también la misma dirección que la empresa de Basalo que recibió el encargo del Concello de Ourense de elaborar la ordenanza de las Eccom. Todos ellos vecinos de rellano.

El círculo se cerraría con la factura del informe. A pesar de que el encargo fue para Estrado Abogados, la factura de 3.630 euros por el informe no la giró este despacho. Quien cobró fue Bicafer S.L., la empresa familiar de Bienvenido, administrada por su mujer e hijos.