Las Galerías Centrales inundadas mientras denuncian un bloqueo para forzar la venta de locales

ESTADO DE RUINA

Las otroras populares Galerías Centrales son hoy un espacio en decadencia. Los conflictos con el principal propietario y presidente de la comunidad, Gonzalo Pérez Jácome, bloquean cualquier reforma. Las tormentas agravan la ruína del espacio y sus locales mientras se ignora la orden judicial de reforma. Esta es la imagen que presentan en la actualidad "las galerías del presidente Jácome" tras los últimos días de lluvias y los conflictos de propiedad.

Cartones y cubos en las galerías centrales tras las inundaciones. | Óscar Pinal

Las últimas tormentas registradas han vuelto a anegar los locales comerciales de las Galerías Centrales de Ourense, situadas en plena Rúa do Paseo. Pese a existir una sentencia firme del Juzgado de Primera Instancia número 7 que ordenaba acometer obras inmediatas hace ya un año, el deterioro estructural del edificio se agrava sin una solución a corto plazo. El inmueble presenta filtraciones continuas y acumulación de agua que dificultan gravemente la actividad diaria, una situación que los afectados vinculan directamente al incumplimiento del mandato judicial.

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de la ciudad, ostenta la presidencia de la comunidad y es el propietario que posee el mayor número de locales en el recinto. Aunque oficialmente se justifica la paralización de los arreglos por una supuesta falta de acuerdo entre tres comunidades de propietarios, diversos dueños denuncian que esta división es una estrategia jurídica para dilatar los plazos. En este sentido, una de las propietarias relata que en febrero de 2025 se produjo un “golpe de estado” en la directiva para bloquear un proyecto de reforma que ya contaba con financiación y licencias municipales aprobadas, echando por tierra los planes de rehabilitación justo cuando se iba a ingresar el dinero para iniciar las obras.

Estrategia de mobbing

Este estancamiento es interpretado por parte de los afectados como un proceso de “mobbing inmobiliario” destinado a forzar el abandono definitivo del inmueble. Según estos testimonios, existiría un interés deliberado por parte de la presidencia en permitir la degradación física del edificio para facilitar un futuro “pelotazo” especulativo, comprando las propiedades a bajo precio una vez que los propietarios minoritarios se rindan ante la insostenibilidad de la situación.

Mientras el conflicto continúa, los informes técnicos advierten de un grave peligro público por el riesgo de derrumbes y el estado crítico de la instalación eléctrica en una estructura que no se reforma desde hace más de 60 años. La falta de mantenimiento no solo pone en jaque la viabilidad de los negocios, sino que compromete la seguridad física de los usuarios y transeúntes del centro histórico ante el riesgo constante de desprendimientos.