Hacienda retiene por sexto mes los fondos del Concello, que suma 17 millones bloqueados y afronta un plan de ajuste por su elevado déficit

Esta situación administrativa coincide con la encesaria elaboración de un Plan Económico-Financiero (PEF) por parte del consistorio debido a un déficit de 45,7 millones de euros registrado en la liquidación del ejercicio 2025.

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Según los registros publicados por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local hace escasas horas, correspondientes al mes de mayo de 2026, el bloqueo de los ingresos se aplica en cumplimiento del artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible. El motivo es la no remisión por parte del Concello de las líneas fundamentales del presupuesto para el año 2026. Al sumar esta nueva mensualidad, el importe retenido desde diciembre de 2025 se aproxima a los 17 millones de euros.

Si miramos las entregas a cuenta del modelo de cesión mes a mes, el castigo de Hacienda por no presentar las cuentas sigue una progresión asfixiante. Asumiendo la retención de este sexto mes en los mismos términos que marzo y abril, la factura de la inacción es esta:

Los informes de Hacienda sitúan a Ourense como la única ciudad de las 101 incluidos dentro del modelo de cesión de impuestos que se encuentra afectada por esta retención. Concretamente, el ministerio documenta tres incumplimientos en materia de suministro de información por parte de la administración ourensana: la ausencia de los Presupuestos de 2025, la falta de las Líneas Fundamentales para 2026 y la no presentación de los Planes Presupuestarios a medio plazo (2026-2028).

Déficit de 45,7 millones y Plan de Ajuste

A la retención de los fondos estatales se suma la situación financiera interna del municipio.El proyecto de presupuestos para 2026, pendiente de aprobación ligado a una cuestión de confianza, incluye, por imperativo legal, un Plan Económico-Financiero (PEF) 2026-2027, un plan de ajuste con recortes.

La memoria adjunta a este plan reconoce que el Coceello cerró el ejercicio 2025 con un déficit de 45,7 millones de euros y un incumplimiento de la regla de gasto cifrado en 31,9 millones. La aplicación de las medidas correctoras impuestas por el Estado limitará la capacidad de inversión municipal, obligando a congelar durante 2026 cerca de 40 millones de euros correspondientes al remanente de tesorería del consistorio. El borrador también contempla un incremento de la recaudación fiscal estimado en 7 millones de euros a través de la actualización de las tasas de basura, saneamiento y depuración.

Primeros recortes en servicios

El cumplimiento de este plan de ajuste ya ha comenzado a reflejarse en la gestión diaria de los servicios municipales. Según consta en expedientes oficiales recientes, el Concello ha procedido a la no adjudicación y cancelación del contrato para la gestión de la Oficina de Información y Atención Cidadá de la zona de bajas emisiones (ZBE). El informe técnico que avala esta decisión justifica la anulación del servicio, entre otros motivos, en la obligatoriedad de reducir el gasto corriente para cumplir con las directrices del plan económico financiero derivado del incumplimiento de las reglas fiscales en 2025.