El horizonte del proceso judicial de Jácome: un embargo cautelar de sus bienes y penas de prisión de hasta ocho años

El recurso presentado por la acusación particular no solo dibuja un horizonte penal más grave para el alcalde de Ourense, sino que abre un frente económico inédito hasta el momento en la causa. Si la Justicia acepta sumar el delito de malversación agravada a la investigación, Jácome se enfrentaría a la posibilidad de un embargo preventivo de sus bienes y cuentas bancarias, una medida cautelar orientada a asegurar la devolución íntegra de los fondos cuestionados en caso de una futura condena.

Toda la arquitectura de esta ampliación de cargos pivota jurídicamente sobre una norma estatal estricta: la Ley de Incompatibilidades de 1984. Esta legislación exige que cualquier cargo público que perciba una dedicación exclusiva solicite permiso al Pleno del Concello si mantiene actividades económicas privadas paralelas, como era la explotación de su televisión local.

Al eludir este trámite obligatorio y firmar declaraciones institucionales con una presunta ocultación sistemática de su verdadera actividad privada y de su patrimonio inmobiliario real, la acusación sostiene que el regidor bloqueó el control municipal que habría frenado en seco el abono de sus nóminas.

Este salto cualitativo que exige el equipo legal de Telmo Ucha transforma radicalmente el castigo al que se expone el regidor, trasladando el debate de la simple sanción política a la privación de libertad. Al incorporar los delitos de falsedad y malversación agravada -justificada al superar holgadamente el límite legal de 50.000 euros defraudados-, la petición de condena se dispara hasta una horquilla de entre seis y ocho años de prisión efectiva. Este escenario choca de frente con el auto inicial del juez, en el que la exclusiva imputación de prevaricación administrativa limita el horizonte penal a una inhabilitación especial para empleo o cargo público (de 9 a 15 años). Ahora, la suma de este “continuum delictivo” abocaría a Jácome no solo a la inhabilitación absoluta y expulsión definitiva de la función pública, sino a su ingreso en un centro penitenciario.

El recorrido de este pulso judicial dependerá ahora de dos instancias procesales. El magistrado instructor de la causa deberá resolver, en primer lugar, el recurso de reforma planteado por Telmo Ucha para decidir si acepta modificar su propio auto y ampliar los delitos. En caso de una desestimación, el equipo legal de la acusación ha dejado ya presentado un recurso subsidiario de apelación. De este modo, el caso se elevará directamente a la Audiencia Provincial, que será el tribunal encargado de tener la última palabra sobre el alcance penal del proceso y los cargos a los que deberá responder el regidor.