La Iglesia Católica debe responder civilmente si el cura ourensano procesado por violación es condenado

La jueza que instruye la causa abierta contra un sacerdote de la Diócesis de Ourense tras la denuncia de dos sobrinas que aseguran que fueron agredidas sexualmente de forma continuada cuando eran menores de edad ha tomado una decisión poco habitual en este tipo de causas contra el clero. La togada acepta la petición de las acusaciones para que la Iglesia Católica esté presente en el procedimiento penal como responsable civil subsidiaria. Es decir, en caso de condena, debe responder de las indemnizaciones a las jóvenes por las secuelas y daños morales siempre y cuando el sacerdote no pueda satisfacerlas. La decisión de la instructora admite recurso de apelación ante la Audiencia provincial.

La magistrada titular de Instrucción 2 estimó el recurso de reforma de la acusación particular, al que se adhirió la Fiscalía, y también ordena que se “requiera a la Iglesia Católica a fin de que de forma subsidiaria al procesado proceda a prestar fianza en cualquiera de las formas admitidas en Derecho en el plazo de una audiencia (un día) de 26.000 euros bajo apercibimiento, en caso de no prestarla, de abrir en su contra la vía de apremio”.

El letrado de las denunciantes, Neil González Seoane, había solicitado a la jueza que diera entrada a la institución eclesiástica en este procedimiento penal por su deber de vigilancia, en tanto que los hechos que le atribuyen las jóvenes supuestamente se cometieron cuando Francisco Manuel D.M.L prestaba servicios como sacerdote para la Iglesia Católica. Las perjudicadas circunscriben algunas de las agresiones en el despacho del inculpado en el Seminario Mayor de Ourense.

El caso llegará a juicio, en tanto que la Audiencia de Ourense ya confirmó el auto de procesamiento de la magistrada instructora. Los magistrados consideran que el cura debe sentarse en el banquillo porque las versiones de las jóvenes contaban con informes periciales y clínicos que las respaldaban en cuanto a daños psíquicos sufridos compatibles con los hechos denunciados. El inculpado lo niega y cree que se trata de una denuncia por motivos económicos.

La imputación contra Francisco Manuel se reabrió en 2023, aunque hubo una primera denuncia en noviembre de 2019 cuando la mayor lo denunció por abusos, desde que era niña hasta la adolescencia. El Juzgado de Instrucción 1 archivó la denuncia un año después porque había prescrito, debido a que el plazo límite en los abusos se situaba en los diez años posteriores a que la víctima alcanzase la mayoría de edad. La misma sobrina lo volvió a acusar aportando más información –en la primera querella solo hablaba de tocamientos– y se sumó también a la denuncia su hermana menor, quien confesó que había sufrido agresiones sexuales desde los ocho años por parte de su tío.