El sacerdote de Ourense denunciado por sus sobrinas por agresión sexual será juzgado en la Audiencia

SE ENFRENTA A 20 AÑOS DE CÁRCEL

Un cura será acusado por violaciones de hace 25 años. Las penas que solicitarán las dos víctimas, sus propias sobrinas, rebasarán los 20 años de cárcel

El sacerdote denunciado (i.), en compañía de su entonces abogado tras prestar declaración en marzo de 2023
El sacerdote denunciado (i.), en compañía de su entonces abogado tras prestar declaración en marzo de 2023 | Archivo

Las dos hermanas que denunciaron el 8 de marzo de 2023 a un tío paterno por violación continuada cuando eran menores de edad recibieron este miércoles la noticia que llevan persiguiendo durante años. Su abogado, Neil González Seoane, les confirmaba que Francisco Manuel M.L., sacerdote de la Diócesis de Ourense apartado cautelarmente tras el inicio del proceso penal, será juzgado en la Audiencia de Ourense por dos delitos de agresión sexual continuados. La sala tiene en cuenta la objetivación del daño psíquico que ambas sufren y sus causas, a través informes clínicos y periciales, y cree que la responsabilidad del cura, que siempre negó los hechos imputados, debe dirimirse en el plenario (juicio).

Antecedentes

Una de las denunciantes, la mayor, que hoy tiene 33 años, ya intentó sentar en el banquillo a su tío cuando lo denunció por primera vez el 26 de noviembre de 2019. En ese momento, describió tocamientos, pero no agresiones/abusos con acceso carnal. Su hermana pequeña quedó al margen del comportamiento libidinoso de su familiar -no denunció-.

El caso recayó en el Juzgado de Instrucción 1, cuyo titular, Leonardo Álvarez, al poco tiempo optó por sobreseer el procedimiento por prescripción. La perjudicada denunció con 28 años unos hechos que supuestamente comenzaron el día de la Primera Comunión (con siete años) y no concluyeron hasta los 16.

Posteriormente, en marzo de 2023 ambas hermanas presentaron una denuncia conjunta en donde relataron episodios de agresión sexual con acceso carnal. En esta ocasión, recayó en Instrucción 2, cuya jueza estimó que había elementos incriminatorios suficientes para que el sacerdote fuera a juicio.

La sala confirma ahora ese auto de procesamiento de Instrucción 2 para que el expárroco de Allariz se siente en el banquillo de los acusados de la Audiencia. Cree que hay elementos indiciarios que permiten acusarlo y que debe derimirse su presunta responsabilidad en juicio. Y ello porque “las versiones de las denunciantes cuentan con las corroboraciones de los informes clínicos y periciales, apreciando daños psíquicos y su compatibilidad con los hechos denunciados, junto con los informes de credibilidad”. Rechaza los argumentos del recurso de apelación de la defensa, en los que se detalló, a su entender, las contradicciones en las que incurrieron las denunciantes. Según los magistrados, no es el momento procesal oportuno: “Las alegaciones que realiza la apelante son propias de una fase posterior del procedimiento, la de enjuiciamiento, y no de la instrucción”.

La abogada defensora habló de supuestos motivos espurios de carácter económico por parte de las sobrinas (sostiene que si el Obispado le hubiera pagado los 450 mil euros en los que valoraron el daño no hubiesen denunciado) con un análisis extenso de las contradicciones de las jóvenes. También demostró que no podía tener armas de fuego porque carecía de licencia.

Francisco Manuel será juzgado en la Audiencia de Ourense y tanto la Fiscalía como la acusación particular acusarán por dos delitos de agresión sexual continuada en su versión vigente al tiempo de los hechos relatados por las denunciantes (artículos 179 y 74 del Código Penal) o bien sendos delitos continuados de abuso sexual a menor de 13 años con acceso carnal de los artículos 182 y 74 del Código Penal vigente cuando supuestamente ocurrieron los hechos. Es posible la aplicación de varias agravantes (víctimas vulnerable por razón de edad, relación de superioridad o parentesco con respecto a las perjudicadas e incluso uso de armas puesto que ellas sostienen que las amedrentaba con una pistola) que sitúan la petición de pena en más de 20 años de cárcel.

Fianza de 26.000 euros

La posible indemnización reclamada será también cuantiosa por los daños morales invocados que les ha causado la conducta delictiva de su familiar. La jueza instructora le exigió una fianza de 26.000 euros.

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