"Inepta", "inútil", "subnormal": el calvario al que sometió Jácome a la exjefa de Comercio que le costará casi 49.000 euros

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratificó, punto por punto, la condena contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y el propio Concello por hundir la salud de la exjefa de Negociado de Comercio, Stella González. La justicia gallega confirma que la administración local vulneró sistemáticamente las normas de prevención de riesgos laborales y obliga al pago solidario de 48.685 euros a la trabajadora para compensar los graves daños morales sufridos y su tiempo de incapacidad temporal. Además, impone a los recurrentes el pago de las costas del proceso, fijadas en 750 euros por cada recurso. La resolución, no obstante, no es firme y el gobierno municipal prevé recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.

La resolución judicial del alto tribunal rechaza, uno por uno, los 31 motivos esgrimidos en los recursos presentados por el alcalde (17 motivos) y por el propio gobierno local (14 motivos). El TSXG no ha comprado ninguna de sus excusas procedimentales y pone el foco directamente en el infierno diario que sufrió la funcionaria, quien ocupaba dicho cargo de forma ininterrumpida desde el 1 de marzo de 2005. En sus hechos probados, la sentencia relata cómo Jácome sometió a Stella González a insultos y humillaciones constantes, llegando a referirse a ella delante de otros compañeros de trabajo con términos como “inepta”, “inútil” o “subnormal”.

La presión psicológica en la oficina era tan asfixiante que los testigos confirmaron que la jefa de servicio llegaba llorando a su despacho. El regidor ordenaba continuamente a sus concejales del área que la forzaran a firmar informes improcedentes o a paralizar expedientes a su antojo. Llegó a espetarle a uno de sus ediles: “A esta, ni puto caso, hay que buscar la manera de poner a otra persona, se nota mucho que es del PP”.

Escarnio público

El hostigamiento fue más allá de la violencia verbal a puerta cerrada. Jácome llegó a amenazar al departamento con cambiarles los horarios y la ubicación, y en abril de 2021 comunicó a través de sus redes sociales la apertura de un expediente disciplinario al Negociado de Comercio, una información que acabó trascendiendo a medios de comunicación de ámbito nacional.

Paralelamente, el equipo de gobierno fue vaciando de competencias a la funcionaria de forma deliberada. La puentearon en la gestión de las terrazas, las concesiones o el alumbrado navideño para colocar a asesores externos. El desprecio profesional llegó al punto de que el alcalde mandó a un amigo personal y a un asesor a una feria de luces navideñas en Alemania, ninguneando por completo a la máxima responsable del departamento.

La campaña de acoso alcanzó su pico de tensión cuando Stella González concurrió en el número 10 de la lista del PP a las elecciones municipales de mayo de 2023, aunque finalmente no logró acta de concejala. Tras la cita con las urnas, el alcalde fue comentando entre los empleados municipales que “iba a ir a por la actora”. Semanas después, el 11 de agosto de 2023, ejecutó su amenaza y la cesó fulminantemente de su puesto tras dieciocho años de servicio.

Según recalca el TSXG, el Concello no realizaba evaluaciones psicosociales ni cuestionarios de estrés en el departamento desde el año 2008. La inacción administrativa fue total: cuando la funcionaria presentó un escrito detallando los años de acoso y pidiendo amparo, el Servicio de Recursos Humanos se limitó a darle plazos burocráticos para, finalmente, archivar el expediente por la vía rápida y sin llegar a tomar ni una sola medida de protección para la víctima.

Las consecuencias para la empleada fueron devastadoras. Tuvo que cursar baja médica diez días después de su cese. Los informes médicos recogidos en la sentencia constatan que padece un trastorno adaptativo mixto ansioso-depresivo grave en vías de cronificación, con manifestaciones fóbicas y conductas de evitación, un cuadro clínico provocado directamente por las “actitudes hostiles” de Jácome.

Este varapalo del TSXG supone, de confirmarlo el Supremo, un coste de 49.000 euros para las arcas públicas, pero es solo una parte del roto económico que la persecución de Jácome provocará en las arcas municipales.

A esta cantidad hay que sumar un segundo revés judicial emitido en primera instancia por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1. Esa otra sentencia condena al Concello a pagar a Stella González las diferencias salariales por haber desempeñado funciones de superior categoría como técnica asesora desde el año 2015. Con este segundo fallo, el coste total de la cruzada política y personal del alcalde contra la exjefa de Comercio superará ampliamente los 110.000 euros, que saldrán del bolsillo de los ourensanos.

Más condenas

Con esta, ya son tres las condenas por acoso laboral que acumula el Concello bajo el mandato de Gonzalo Pérez Jácome. Este fallo se suma al de la intendente jefa de la Policía Local, María Barrera, cuyo acoso (amparado públicamente por el propio regidor) ya ha sido ratificado por el Tribunal Supremo; y al del interventor municipal, Gonzalo Alonso, a quien la justicia también dio la razón recientemente por la situación degradante sufrida en su puesto.