Jácome agita el fantasma del “lawfare” para tapar su gestión

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, dijo ser víctima de “lawfare” o “guerra jurídica” tras el archivo de una causa penal por presunta prevaricación, presumiendo de que la mayoría de las denuncias penales en su contra han quedado en nada. El líder de Democracia Ourensana utiliza este discurso en pleno colapso financiero y de gestión en el seno del Concello. Mientras se escuda en esta teoría para no dar explicaciones, la realidad administrativa eleva a Ourense al dudoso puesto de la gran ciudad española que peor paga a sus proveedores, a lo que se suma una deuda financiera cada vez más disparada.

“Son denuncias mediáticas”, señaló Jácome en un comunicado institucional enviado a los medios y publicado en la página web municipal. Según sus cálculos, “únicamente quedan tres causas pendientes de resolución” —sumando, según sus datos, un total de 20 demandas— y asegura que estas son “denuncias sin recorrido, en donde el alcalde no tiene responsabilidad”, ignorando que el juez de instrucción y la Fiscalía sí apreciaban delito.

Mientras el regidor intenta agitar el fantasma de la persecución judicial —minimizando que arrastra condenas por acoso laboral—, elude dar explicaciones sobre el hundimiento de las arcas municipales y el disparo de la deuda.