Jácome admite los ingresos de su televisión Auria, pero alega que son algo “residual”

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, declaró este viernes como investigado por un presunto delito de apropiación indebida ante el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad. Durante una comparecencia de 20 minutos, en la que se mostró tranquilo y autoconvencido, respondió únicamente a las preguntas del juez Leonardo Álvarez, el fiscal Mario Brualla y su abogado, Luis Salgado Carbajales, negándose a contestar al letrado de la acusación popular, Eduardo Sánchez, en relación con la querella del exedil de DO Temo Ucha.

La querella se centra en la percepción de ingresos de su actividad privada en Auria TV de forma simultánea al cobro de su dedicación exclusiva en el Concello —unos 75.000 euros anuales— desde 2019, sin haber tramitado la compatibilidad ante el Pleno. Jácome no negó la existencia de esa actividad, pero defendió su legalidad con una interpretación propia de la normativa.

Según fuentes del caso, el regidor argumentó que “Auria Televisión soy yo”, asegurando que no opera a través de ninguna sociedad mercantil. Se definió como un autónomo que realiza una “gestión de su propio patrimonio”, equiparando la explotación de la licencia televisiva a la administración de rentas familiares.

Sostuvo que actuó convencido de que no necesitaba autorización del Pleno, ya que —según su versión— ningún asesor jurídico le advirtió de esa obligación. También calificó su ocupación en la televisión como “residual”, defendiendo que no interfiere con su dedicación exclusiva como alcalde.

La acusación cuestionó esta versión al señalar que los ingresos privados reconocidos son “cuantiosos” y podrían incluso superar su salario público. Jácome replicó que la facturación bruta no equivale a beneficio neto, debido a los gastos operativos y al pago del canon televisivo. Sin embargo, la acusación sostiene que esa estructura acredita una actividad empresarial incompatible con la dedicación exclusiva sin permiso expreso del Pleno.

En la jornada también declaró Juan Ramón Costas, coordinador general del Concello, quien explicó que su informe sobre la compatibilidad se basó en la información facilitada por el alcalde, sin comprobar cuentas ni detalles fiscales. Asimismo, compareció el jefe de la Asesoría Jurídica, Javier García Gago, que se ratificó en sus informes previos sobre cuestiones procedimentales.

Para la acusación popular, la declaración confirma que el alcalde no solicitó la compatibilidad pese a tener ingresos privados. Jácome, por su parte, restó importancia al proceso y recordó que denuncias similares fueron archivadas por la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas.

La instrucción continúa con nuevas diligencias, entre ellas un informe para determinar la facturación real y el beneficio neto. De confirmarse los indicios, podrían derivarse delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación.