Jácome amenaza con desahucio inminente a los placeros al no presentar el proyecto a tiempo

Los comerciantes de la Plaza de Abastos número 1 de Ourense no presentaron en plazo el proyecto requerido por el Concello para trasladar sus puestos (actualmente instalados en la Alameda) al edificio recientemente rehabilitado. Así, Gonzalo Pérez Jácome, confirmó este miércoles que el expediente municipal sigue su curso y que “todo indica” que se procederá al desahucio de los comerciantes de la Alameda y a la rescisión de la concesión de la gestión de la Praza.

El regidor explicó que los servicios jurídicos municipales continuarán la tramitación del expediente, que podría culminar en el desalojo de los comerciantes en un plazo estimado de 30 a 60 días.

Según el alcalde, el siguiente paso será “una decisión basada en argumentos legales”, pues el incumplimiento del convenio daría lugar a la resolución del contrato y al desahucio de la Alameda. En ese caso, el Concello licitaría de nuevo la gestión de la Praza de Abastos para ocupar el edificio ya reformado.

Jácome acusó a los comerciantes de pretender “estar toda la vida en la Alameda” y desveló que la Xunta de Galicia, a través del conselleiro de Comercio, José González Vázquez, les ofreció asumir la mayor parte de los costes de construcción de los nuevos puestos, pero a cambio de ampliar la concesión de los placeros.

La Xunta reiteró su compromiso hace más de un mes

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, recordó a principios del mes de octubre que la Xunta volveriá a incluir en los presupuestos de 2026 más de un millón de euros para acometer las obras pendientes en el edificio de la Plaza de Abastos de Ourense, con el fin de facilitar el traslado definitivo de los placeros. González insistió en que la responsabilidad de ejecutar las reformas recae en el Concello, propietario del inmueble y titular de la concesión, y calificó de “inasumible” que los comerciantes asuman ese coste.

El representante autonómico reiteró la voluntad de colaboración de la Xunta, siempre que el edificio quede “en condicións” y sea plenamente funcional. Asimismo, lamentó la falta de iniciativa del Concello para resolver el conflicto, subrayando que “os políticos estamos para solucionar problemas, non para liarla.”