Los trabajadores de la Plaza de Abastos llevan al Concello de Ourense ante la Justicia

El conflicto entre Jácome y los comerciantes de la Plaza de Abastos ya está en manos de la Justicia. Los placeros han solicitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Ourense la adopción de medidas cautelares para la suspensión del expediente emitido por el Concello en abril y que los obliga a desalojar la Alameda en los próximos nueve meses.

En el escrito remitido por el Concello a la asociación de comerciantes que gestiona la Plaza de Abastos, se esgrimía que los placeros disponen de un plazo de nueve meses para presentar un proyecto para su traslado al histórico edificio y otros seis para poder ejecutarlo, de modo que en nueve meses, es decir, a principios del 2026, los placeros deberían estar ya instalados en la reformada Plaza de Abastos.

El problema en todo este conflicto radica en los comerciantes señalan que a pesar de que el edificio está aparentemente acabado por fuera, el interior está prácticamente inutilizable, siendo necesario ejecutar la disposición interna de los puestos así como las conexiones eléctricas. Además, según el informe de Intervención del Concello, en la obra de la Plaza de Abastos los trabajos de reforma no incluyen los trabajos comprometidos en el contrato, como reforzamiento de sótanos, carga y descarga; no se hizo prueba final del funcionamiento de las instalaciones e incluso no se pusieron farolas y zonas de ajardinamiento previstas sobre el papel.

Hasta los arquitectos responsables de la reforma lo corroboran. En un encuentro organizado por el propio alcalde, el arquitecto Alfredo Freixedo afirmó que “el edificio está sin acabar porque hay un programa de necesidades y un programa de actividades que realmente está sin hacer”.

Todo esto mientras Jácome rechaza una y otra vez la ayuda de la Xunta. El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, el ourensano José González, trató de mediar en el conflicto abierto por el Concello para atender esas y otras reivindicaciones de los comerciantes. El gobierno autonómico se ofreció a aportar más de un millón de euros para afrontar los gastos para adaptar el nuevo edificio.

La respuesta del juez a este recurso de los placeros se dará en las próximas semanas, a la espera de conocer si el magistrado decide abrir juicio oral o resuelve directamente con las alegaciones presentadas por ambas partes. Ayer, el Concello aprobó en junta de gobierno la desginación de un abogado para este pleito.