Jácome ingresó en una de sus cuentas más de un millón de euros en 5 años
ENTRE ENERO DE 2019 Y ABRIL DE 2024
La acusación particular denuncia un trasvase masivo al patrimonio del regidor en base a datos de Hacienda y Antiblanqueo
Las cifras
- 1.027.836: Los abonos que registró una cuenta personal de Jácome entre enero de 2019 y abril de 2024, según el informe de la agencia antiblanqueo.
- 19: Los inmuebles (pisos, locales y garajes) por los que Jácome tributa ante Hacienda. Ante las instituciones, el alcalde simuló poseer solo un piso.
- 491.025: La cantidad que la acusación particular exige a Jácome que restituya a las arcas del Concello y de la Diputación en concepto de responsabilidad civil.
- 850.000: El volumen de negocio privado que el alcalde facturó a través de sectores como el audiovisual y la inmobiliaria mientras cobraba dedicación exclusiva.
- 11,5: Los años de cárcel que exige la acusación particular para el regidor por los delitos de malversación apropiatoria agravada y falsedad en documento oficial.
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ingresó en una de sus cuentas personales más de un millón de euros entre enero de 2019 y abril de 2024, según se recoge en un informe elaborado por el Sepblac (Servicio ejecutivo de la comisión de prevención del blanqueo de capitales) a raíz de las actuaciones en su día llevadas a cabo por Fiscalía y que diseccionó los movimientos bancarios del regidor.
Estas información aparece en el sumario del proceso abierto contra él a raíz de la querella del exconcejal Telmo Ucha, por el que ya se le investiga por un delito continuado de prevaricación administrativa por compaginar sueldos públicos y negocios privados sin solicitar la preceptiva compatibilidad al pleno. Estas abultadas cifras abonadas en su cuenta ensombrecen la tesis que mantiene Jácome ante los tribunales, donde ha calificado sus negocios privados como una actividad “residual”.
Movimientos masivos
La cuenta bancaria analizada por el Sepblac, autoridad supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales en España, registró abonos totales por valor de 1.027.836 euros durante el periodo que abarca su primer mandato y el inicio del actual. El desglose detallado de estos fondos revela una desproporción absoluta entre sus ingresos como cargo público y lo que obtiene a través de su propia formación vía Auria TV: mientras la nómina oficial del Concello de Ourense le reportó 236.924 euros, las transferencias directas cursadas a su cuenta desde su propio partido, Democracia Ourensana, alcanzaron los 424.188 euros.
Los datos, incorporados en el escrito de acusación que acaba de presentar Eduardo Sánchez, el abogado del exedil Telmo Ucha, constatan que el líder de DO percibió de su estructura política casi el doble de lo que ingresó por su salario oficial como máximo responsable municipal.
La acusación particular describe una “economía circular de extracción de fondos”, mediante la cual el dinero público de las subvenciones destinadas a los grupos institucionales de la formación en el Concello y la Diputación termina en el patrimonio particular del alcalde tras circular por el partido y su televisión privada.
Según sostiene el querellante, abusando de su condición de regidor y de su dominio absoluto sobre el partido -donde figura como única firma autorizada en todas las cuentas vinculadas-, orquestó un opaco sistema de vasos comunicantes. El partido actúa como un mero depósito instrumental para recibir el dinero de las instituciones, trasladándolo posteriormente a la cuenta personal del alcalde bajo la justificación de facturas por servicios de publicidad en Auria Televisión.
El informe de la agencia antiblanqueo, del que se hace eco la acusación particular, aclara el destino final de ese millón de euros acumulado y revela que el grueso del capital siguió un camino estrictamente privado. Aunque el regidor destinó alrededor de 210.000 euros a sufragar los costes operativos y de licencia de su televisión a través de pagos a Utega/Localia, el alcalde ordenó transferencias por valor de otros 713.864 euros desde esa misma cuenta hacia otras particulares suyas o hacia su propio patrimonio personal. La acusación incide especialmente en que Jácome empleó este flujo financiero para fines ajenos a la gestión pública, como la emisión de un cheque de 30.000 euros a favor de un exconcejal y “otros fines personales”, consumando un “expolio sistemático”.
Curiosas coincidencias
Como prueba de esa simbiosis entre el partido y el líder, la acusación particular destaca una coincidencia matemática que considera irrefutable. En el ejercicio 2021, el investigado declaró ingresos por actividad privada que ascendían a 84.671,47 euros; exactamente dos años después, el activo total de Democracia Ourensana cerraba con un saldo de 84.671,49 euros. Esta desviación de apenas dos céntimos evidencia que el patrimonio del partido es, en realidad, un depósito instrumental de los recursos personales del alcalde.
El escrito de acusación también desvela los datos aportados por la Agencia Tributaria al proceso, en el que el volumen total declarado en actividades privadas por Jácome superó los 850.000 euros entre 2019 y el tercer trimestre de 2025. El volumen de negocio de Jácome, sustentado por su alta en el Impuesto de Actividades Económicas en sectores como el audiovisual y la promoción inmobiliaria, alcanzó su cénit en el año 2020 con una facturación de 218.041 euros.
La defensa de Ucha pide a Jácome 11 años de prisión y devolver medio millón de euros
El juez Leonardo Álvarez dictó el pasado 14 de abril un auto que sitúa a Jácome a un paso del banquillo por un delito continuado de prevaricación administrativa. Ahora, la parte denunciante, que ejerce el exconcejal Telmo Ucha ha presentado ya su escrito de acusación, que podría quedar sin efecto si la Audiencia de Ourense no atiende las alegaciones presentadas hace días contra el auto del juez de instrucción que lo imputa por prevaricación.
En su documento, la acusación pide imputar al regidor también por los delitos de prevaricación, malversación agravada y falsedad documental. La petición es implacable: 11 años y medio de prisión (7 por malversación y 4 y medio por falsedad), el pago de una multa de 108.000 euros, y una cascada de inhabilitaciones que en conjunto suman 35 años. A esto se sumaría, en concepto de responsabilidad civil, la exigencia de que indemnice a Concello y Diputación con 491.025,72 euros.
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