La jefa de la Policía Local María Barrera demanda por segunda vez al Concello por vulneración de sus derechos

GANÓ EL PRIMER JUICIO

Tras la sentencia firme del Supremo por acoso laboral, la jefa de la Policía Local denuncia ahora una nueva omisión administrativa que considera lesiva para sus derechos fundamentales.

María Barrera, jefa de la Policía Local.
María Barrera, jefa de la Policía Local. | La Región

María Barrera, jefa de la Policía Local de Ourense, ha vuelto a demandar al Concello por una presunta omisión administrativa relacionada con la vulneración de sus derechos fundamentales. Ha presentado una demanda ante la Plaza número 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Ourense, en la que denuncia la omisión administrativa ante la presunta vulneración de sus derechos fundamentales. Se trata de uno de los asuntos abordados este jueves en la junta local, después de que Barrera formalizase esta nueva acción judicial.

La demanda se produce después de que, en febrero de 2026, el Tribunal Supremo confirmase la sentencia que condenaba al Concello y al que fuera concejal de Seguridad, Telmo Ucha, por acoso laboral contra la funcionaria. El Alto Tribunal inadmitió el recurso de casación presentado por la Administración local, dejando firme la condena.

La resolución establecía una indemnización de 30.000 euros para Barrera y confirmaba el fallo dictado previamente por el Juzgado de lo Social número 1 de Ourense y posteriormente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el 30 de octubre de 2024.

Los tribunales consideraron acreditada una situación de acoso mantenida durante aproximadamente cinco años y cuestionaron también la falta de actuación de la Administración ante los hechos denunciados por la jefa de la Policía Local. Entre los episodios recogidos en el procedimiento figuraba el acceso a su despacho con un cerrajero mientras se encontraba de baja médica.

El nuevo procedimiento vuelve a situar a María Barrera y al Concello en los tribunales, esta vez por la presunta falta de respuesta administrativa a la vulneración de derechos que denuncia la funcionaria.

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