A juicio a la Audiencia por traficar en Ourense

La Audiencia Provincial de Ourense acoge un juicio por drogas el próximo miércoles en el que se sentarán en el banquillo a cinco acusados. Según el escrito de la Fiscalía, hubo múltiples denuncias por establecer un punto de venta de drogas, heroína y cocaína, en una casa de dos plantas de la ciudad. En consecuencia, el Grupo de Estupefacientes de la Policía Judicial de Ourense estableció vigilancias y en julio de 2023 detuvo a tres de los acusados, quienes quedaron en libertad debido a la escasa cantidad intervenida.

La Fiscalía sostiene que según fueron puestos en libertad reanudaron la venta de droga en dosis “micras” de heroína por cinco euros y rebujo -mezcla de cocaína y heroína- por diez euros, facilitando a los drogodependientes el consumo en el interior de la vivienda. Además, al saberse investigados de nuevo, explica el escrito, trasladaron el domicilio a otro lugar.

Además, la acusación pública señala que como consecuencia de la detención alquilaron un inmueble en la zona de Eiroás, realizando obras en él para reforzar las ventanas con rejas, colocar doble puerta metálica en la entrada y cerrojos de seguridad interiores. Además, las vigilancias permitieron a los agentes conocer que un domicilio la carretera de La Granja les servía de guardería para la droga.

El 15 de enero de 2024 empezaron las detenciones y las entradas y registros en los que los agentes encontraron heroína y cocaína además de útiles como una balanza de precisión. También intervinieron cuchillos con mango de madera. Uno de los detenidos, según el escrito de acusación, era el encargado de abrir la vivienda y entregar las dosis a los diferentes drogodependientes que acudían a la narcosala, cobrando por ello 80 euros diarios.

La Fiscalía sostiene que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud. En este sentido, interesa para cada uno de los acusados la pena de cuatro años y seis meses de prisión así como el pago de 200.000 euros de multa. Además, para los acusados extranjeros considera que procede el cumplimiento de dos tercios de la condena impuesta y la sustitución del resto por la expulsión del territorio español durante un periodo de cinco años.