A juicio por los destrozos ambientales de su pizarrera en Valdeorras

La Audiencia Provincial acogió este martes la primera de las dos sesiones de un juicio que enfrenta a varias comunidades de montes de Valdeorras (zona de Casaio) con los gerentes de la empresa minera Cafinsa. El Ministerio Público solicita seis años de prisión para cada uno de los dos acusados, padre e hijo, y una indemnización conjunta que supera los 4,5 millones de euros para restaurar los graves daños ecológicos.

Según la Fiscalía, los investigados explotaron la concesión de pizarra “San Valentín”, situada en el paraje de Mormeau, entre los años 2013 y 2018 a sabiendas de que carecían de autorización, puesto que el permiso original había caducado tiempo atrás. La actividad extractiva no solo continuó, sino que invadió de forma masiva los montes comunales de Casaio, Lardeira, Sierra del Eje y Riodolas, superando las 25 hectáreas de afección ilegal. El impacto ambiental exige ahora un desescombro monumental y la reposición de tierra vegetal para revertir la ruina ecológica del entorno.

Durante la vista oral celebrada ayer, Francisco R.A., administrador único de Cafinsa, defendió la legalidad de sus actos escudándose en que la concesión era un proyecto a 90 años y que él mismo había presentado un plan de labores en 2017. Ante las acusaciones de haber sobrepasado los límites de la mina para destruir arbolado y pastos, se justificó alegando un profundo desconocimiento técnico, asegurando que no es topógrafo y desconoce las coordenadas exactas. Lejos de admitir la invasión de los terrenos, el principal acusado señaló a las juntas vecinales de buscar únicamente un rédito económico, afirmando que los comuneros “solo querían dinero”.

Sin embargo, desde las comunidades de montes afectadas desmontaron esta versión. Diferentes representantes relataron los múltiples intentos frustrados de frenar la destrucción de su terreno, lamentando que la empresa hacía “caso omiso” y pasaba “olímpicamente” de sus reiteradas advertencias. Según los afectados, la raíz de este choque radica en que la empresa se negaba rotundamente a formalizar y pagar un contrato de arrendamiento por el uso de esos montes comunitarios.

Los testigos coincidieron en que la irrupción in situ de la maquinaria se produjo en la práctica hacia junio o julio de 2017, presentándose la primera denuncia medio año después, en enero de 2018 (cesando la actividad en junio de ese año). Fue en esa fecha cuando, tras años de inactividad en la zona, las palas comenzaron a trabajar sin previo aviso, motivando que los comuneros acudieran “todas las semanas” a la cantera para exigir el cese de los trabajos al hijo del administrador.

¿Jefe de obra o marinero?

El contraste más llamativo llegó con la declaración de Bruno R., hijo del administrador y socio fundador de la mercantil. El acusado se desvinculó de cualquier labor de gerencia o mando en la cantera, asegurando que su profesión real es la de marinero, que residio siempre en Francia -dado que ahí se trasladó la familia en 1985- y que nunca ha cotizado en España. Sobre su presencia en las instalaciones mineras, su coartada fue que aprovechaba para observar “por curiosidad” la zona de la explotación después de visitar a su abuela en el pueblo, alejándose de cualquier responsabilidad sobre un negocio que no le interesaba.

No obstante, los testimonios de los comuneros contradijeron esta postura de mero visitante estival. Desde la comunidad de montes de la Sierra del Eje se identificó a Bruna como la máxima figura de autoridad a pie de obra, señalando expresamente que “tenía gente a su mando, y mandaba, ahí estaba de jefe”, una visión seguida por el resto de testigos de los montes comunales, que incluso dijeron que lo solían ver llevando en coche a algunos trabajadores. Por su parte, la tía de acusado, enfrentada a la familia, y que declaró en su contra reconoció que no le sonaba verlo: “No conozco a Bruno, no sé ni quién es”.