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Las reiteradas faltas de su hija al colegio sentaron en el banquillo del Penal 1 a Israel B.R. y Tabita B.S.. Según el escrito de Fiscalía, la alumna tuvo un porcentaje significativo de ausencias entre 2019 y 2022, llegando incluso en algunos meses a ser del 100% la inasistencia.
Los directores de los dos colegios en los que estuvo escolarizada en este lapso de tiempo explicaron que en ocasiones justificaban las faltas y otras veces no. “Chamabas e sempre había algunha excusa”, explicó uno de ellos. Además, mencionaron que era complicado contactar con los progenitores. “Yo tenía un teléfono de ellos que nunca cogía nadie”, indicó la tutora de uno de los centros. “Es una familia con la que nos costó bastante contactar”, reafirmó una trabajadora de Asuntos Sociales.
Ambos padres defendieron durante el juicio, en el que declararon en último lugar, que las ausencias de su hija a clases estaban justificadas. En este sentido, aludieron a diversos motivos por los que no acudió a clase. Uno de ellos, explicaron, es porque tenía un problema bucodental que le causaba dolor. También mencionaron la enfermedad de un familiar, que los obligó a trasladarse a Vigo para cuidarlo.
Otra de las causas que mencionaron fue el covid, del cual tenían mucho miedo e incluso tuvieron algún contagio en el núcleo familiar. En el confinamiento, explicó el director de uno de los centros, les proporcionaron un ordenador y una tarjeta que les permitía tener conexión a internet y seguir las clases. Sin embargo, los acusados contaron en el juicio que no sabían cómo utilizar estas herramientas y que en ningún momento les explicaron la forma en la que funcionaban.
Preguntados acerca de si de todas estas cuestiones eran informados en el centro educativo y si justificaban las ausencias de la alumna, aseguraron que sí. Incluso Israel aseguró que llegó a informar personalmente de los problemas médicos de su hija o de que se tenían que ir a Vigo a cuidar a un familiar. “Las faltas estaban justificadas”, añadió por su parte Tabita.
Lo que sí admitió la acusada es que cambiaron de número de teléfono, lo que explicaría las dificultades para comunicarse con ellos desde los colegios. Además, una de las trabajadoras de Asuntos Sociales indicó que actualmente la alumna va al colegio de manera regular y no tiene faltas.
La fiscal solicita para los acusados en su escrito una pena de multa de 9 meses a razón de 10 euros diarios por un delito de abandono de familia mientras la defensa insistió en la absolución de sus clientes.
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