La justicia frena el desalojo de los placeros de la Alameda

Los placeros respiran aliviados. La estrategia de máxima presión del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, para desahuciarlos de la Alameda y dejar a la ciudad sin Plaza de Abastos ha chocado con un muro judicial. La Asociación de comerciantes de la Plaza de Abastos informó este viernes de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha admitido a trámite su recurso y ha dictaminado la suspensión automática de los plazos de ejecución. Esto significa que la orden de desalojo, fijada por el regidor para el próximo 9 de enero, queda desactivada de facto.

La decisión judicial no entra todavía en el fondo del asunto, pero tiene un calado político inmediato, ya que desarma la principal herramienta de fuerza del gobierno local. El juez ha decidido tramitar la petición de los placeros no como medidas cautelarísimas (urgencia extrema sin escuchar a la otra parte), sino como medidas cautelares ordinarias. Aunque esto da al Concello la oportunidad de presentar alegaciones, el magistrado advierte explícitamente en su auto que no podrá ejecutar el desalojo mientras no se resuelvan las cautelares.

El auto se ampara en la doctrina del Tribunal Supremo de 2014, recordando que la protección judicial de los ciudadanos resultaría burlada si la Administración local pudiera adoptar acuerdos de ejecución de un acto cuya suspensión ha sido interesada. En términos prácticos, la justicia congela el reloj del desahucio para evitar que se produzca un daño irreparable antes de que un juez pueda decidir si la orden del alcalde es legal o no.

La vía judicial como último recurso

Para los comerciantes, este auto es la única defensa que les quedaba ante un acto administrativo que consideran inviable para la supervivencia del mercado. Desde la Asociación de comerciantes señalan su respeto y confianza en la justicia, recordando que acudir a los tribunales ha sido la única vía que les ha quedado ante la negativa del Concello a negociar una transición ordenada.

El conflicto de fondo sigue siendo el estado del nuevo edificio de la Plaza de Abastos. Mientras el alcalde insiste en el traslado inmediato, los comerciantes reiteran en su comunicado que su objetivo es trasladarse lo antes posible, pero solo cuando existan las condiciones mínimas para trabajar.

Este movimiento judicial refuerza la postura defendida por el presidente de la Diputación, Luis Menor, en el reciente Foro La Región. Menor advirtió de que la solución pasaba por la cooperación y no por la imposición, ofreciendo fondos provinciales para acabar la obra.

Los placeros han recogido ese guante en su comunicado, recordando que en la actualidad ya existe financiación ofrecida por parte de la Xunta, la Diputación y la propia Plaza para acometer esas obras imprescindibles para el traslado. Con el desalojo paralizado por el juez y el dinero disponible sobre la mesa gracias al compromiso de otras instituciones, la presión se traslada de nuevo al tejado de un Jácome que restó importancia al auto del juez. El alcalde calificó la maniobra de los placeros como una estrategia para “ganar más tiempo de gorra en un parque público”. El regidor se atrevió a asegurar que esta suspensión será solo cuestión de semanas, marcándose como nuevo objetivo liberar la Alameda en febrero de 2026.

Emilio González, presidente de los placeros: “No le deseo a nadie las fiestas que hemos pasado”

Emilio González, presidente de los placeros, califica la suspensión del desalojo como una “pequeña buena noticia” después de pasar unas Navidades “que no deseo a nadie”. Tras el auto, González ha endurecido su discurso apuntando ya no solo al alcalde -a quien considera “engañado” por malas informaciones-, sino directamente a la arquitecta municipal.

El presidente de los placeros acusa a la técnica municipal de “jugar con el pan de la gente” para encubrir una obra de seis millones que, insiste, “ha quedado mal”. “Quiere salvar el culo de quien hizo mal una obra que costó seis millones de euros a costa de que lo paguen los ourensanos”, sentencia, advirtiendo que la funcionaria “recibirá noticias” de los placeros en breve. Mientras confirma que la Diputación sigue negociando para buscar una salida al conflicto, González pide “cordura” para solucionar una situación que pone en juego tanto el futuro de muchas familias como grandes cantidades de dinero público.