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RETRASOS ADMINISTRATIVOS
El Concello de Ourense aprobará este miércoles en su junta de gobierno el acatamiento de una batería de fallos judiciales que le obligan al pago inmediato de facturas atrasadas a proveedores. Esta situación confirma la consolidación de la vía judicial como método de cobro, un escenario que se produce después de que la ciudad alcanzase los 27 millones de deuda comercial -la mayor deuda comercial por habitante- y el propio alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, instase a las empresas a solicitar medidas cautelares para sortear la parálisis administrativa de los pagos.
El expediente de mayor impacto económico afecta a la constructora Petrolam Infraestructuras. La Plaza 1 de la Sección Contenciosa-Administrativa ha dictado un auto imponiendo una medida cautelar que ordena al Concello el abono inmediato de 1.278.115,31 euros por las obras de construcción y urbanización del parque Coto de Canedo, que a su vez están amenazadas por un recurso por irregularidades urbanísticas.
La incapacidad de la administración local para tramitar la factura a tiempo supondrá un sobrecoste, ya que del importe total exigido, 54.254,48 euros corresponden a intereses de demora y 800 euros a recargos por el impago. El gobierno local prevé no recurrir el auto y asumir el auto en su totalidad.
La inactividad administrativa se traduce también en sentencias condenatorias con otras empresas, engrosando la factura de intereses a cargo de las arcas municipales. Destaca el caso de HPC Ibérica S.A., a la que el juzgado le ha dado la razón tras denunciar al Concello por inactividad. La sentencia reconoce a la empresa el derecho a cobrar 47.401,74 euros exclusivamente por intereses de demora, tras el retraso en el pago de un principal de 242.980 euros correspondientes a la instalación de juegos infantiles.
Por su parte, la firma Novavial ha recibido hasta tres resoluciones favorables: dos autos cautelares que ordenan el pago de 3.070,58 euros en intereses por el proyecto de reparación de la rúa Remedios y el abono de otros 7.254,73 euros de demora por el acondicionamiento del paseo fluvial del Miño. A esto se suma una sentencia firme, que motiva el archivo de una tercera cautelar, condenando al Concello a pagar 8.132,85 euros en intereses y gastos legales por las obras del paseo de Oira.
En todos estos casos, los informes técnico-jurídicos proponen acatar los fallos.
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