Juzgado por desobedecer un fallo judicial contrario a una mancomunidad sin personal

El presidente de la Mancomuniad das Terras do Navea-Bibei y concejal de Urbanismo en Trives, Miguel Sierra Fernández, respondió ayer en la Plaza 2 de la Sección Penal de un delito continuado de desobediencia a la autoridad a raíz del impago de una antigua deuda laboral de 226,88 euros. Durante la vista oral, el abogado de la defensa articuló una argumentación basada en la imposibilidad material y legal de su cliente para cumplir con el requerimiento judicial.

En su declaración ante la jueza, Miguel Sierra se desvinculó de cualquier voluntad de desobedecer los mandatos de un juzgado social para abonar una indemnización por un despido. Su abogado centró la estrategia de defensa en la figura del “delito imposible”, explicando que el presidente nunca recibió una orden directa que pudiera ejecutar de forma unilateral. Según detalló el letrado, Sierra carece de la capacidad para autorizar y materializar un pago por sí solo, puesto que la normativa de la administración exige de forma ineludible la firma conjunta de la secretaria-interventora para tramitar cualquier abono. Insistió, además, en que su cliente nunca recibió el requerimiento judicial.

Esta tesis de incapacidad operativa fue respaldada de forma unánime por las testigos citadas en la vista, trabajadoras del Concello de Trives. En sus testimonios, confirmaron la situación de parálisis administrativa que sufre el ente supramunicipal, ya que carece de personal propio. Además, toda la correspondencia se depositaba habitualmente en un buzón ordinario emplazado en el consitorio trivés sin un control riguroso.

A esta evidente falta de estructura se suma la situación personal del propio acusado, quien compagina su cargo institucional (sin retribuir) con su empleo a tiempo completo en la estación de montaña, donde cumple jornadas laborales de lunes a domingo, lo que hacía inviable una supervisión diaria del buzón.

Por su parte, el Ministerio Fiscal mantuvo su postura basándose en la sucesión de notificaciones emitidas y no respondidas desde que, en marzo de 2021, el Juzgado de lo Social número 3 de Ourense condenara a la entidad a abonar la cantidad adeudada a una trabajadora. La fiscal solicitó para el presidente una pena de multa de 10 meses, con una cuota diaria de 12 euros, y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de un año y seis meses.