Los juzgan ahora por robar hace 12 años 80 teléfonos móviles en Ourense

La imagen del banquillo de los acusados resumía a la perfección el peso de una década de espera para juzgar el robo de 80 móviles. De los trece acusados que debían responder por una red de robo y receptación de teléfonos en la primavera de 2014, uno ya murió, otro fue expulsado del país y cinco decidieron dar el plante y no presentarse.

Tras seis suspensiones previas, el asunto llegó por fin a su término este miércoles convertido en un mero trámite para el principal encausado, quien admitió el delito, con atenuantes por dilaciones indebidas para todos, incluidos los supuestos receptadores, que no admiten la acusación del fiscal.

El principal encausado, Luis Miguel D.S.M., fue el único en dar un paso al frente y reconocer los hechos al inicio de la sesión. Frente a los cinco años de prisión que pedía inicialmente el Ministerio Público, la Fiscalía rebajó su solicitud a nueve meses. Al estar cumpliendo ya otra condena, no habrá oposición a que se suspenda esta nueva pena si el acusado se mantiene al margen del delito durante tres años, asume la responsabilidad civil en la medida de sus posibilidades y cumple tres meses de trabajos en beneficio de la comunidad.

Luis Miguel asaltó la tienda Vodafone que estaba situada en el número 45 de la céntrica calle Santo Domingo en dos ocasiones durante las madrugadas de los días 2 y 8 de abril de 2014. Utilizando un objeto contundente para reventar el cristal de la puerta de acceso, logró hacerse en total con 300 euros en efectivo de la caja registradora y decenas de teléfonos móviles valorados en casi 20.000 euros.

Sin embargo, el éxito inicial del robo se desmoronó por una cadena de errores. El primero lo cometió en la propia escena del crimen, donde dejó un rastro de sangre que permitió a la Policía Nacional aislar su ADN. El segundo vino de la mano de los compradores de los terminales sustraídos, quienes no dudaron en introducir sus propias tarjetas SIM en los aparatos a las pocas horas o días de los asaltos, encendiendo un reguero digital que los investigadores solo tuvieron que seguir.

Pero el golpe de gracia a esta trama de mercado negro llegó desde la familia del asaltante. Su tía, María de Fátima M.A., que ayer tuvo que comparecer en el juicio por videoconferencia ya que también está acusada de receptación, fue quien puso a los investigadores sobre la pista definitiva. Tras una fuerte discusión en la que la mujer acusaba a su sobrino de robarle dinero de su pensión, la trifulca derivó en un empujón y una llamada a los agentes. Presa del enfado, Fátima delató a Luis Miguel revelando que escondía móviles en casa, llegando a proporcionar a la patrulla una mochila que contenía varios de los terminales robados.

Aquella confesión y el rastro tecnológico sentaron en el banquillo a una larga lista de presuntos receptadores acusados de comprar los teléfonos a sabiendas de su origen ilícito. Representados por once abogados en la sala, se enfrentan a peticiones de condena que la Fiscalía redujo en su informe final a solo tres meses.

Durante la vista, las defensas se esforzaron en contextualizar la época de los hechos, recordando con insistencia que hace una década la compraventa de móviles se regía por otros parámetros e incluso las compañías telefónicas regalaban los dispositivos.

En la sala también salieron a relucir las variopintas transacciones que rodearon la colocación de este botín tecnológico. Según recogía la propia investigación, no siempre hubo dinero de por medio: algunos de los terminales se permutaron por una bicicleta, se adquirieron a cambio de un pantalón y una camiseta, o incluso sirvieron para abonar el precio de un tatuaje.

Uno de los encausados aseguró haber introducido su tarjeta SIM en un teléfono que el propio Luis Miguel le llevó al bar donde trabajaba; admitió que, cuando el joven le pidió 60 euros por el terminal, empezó a sospechar que su procedencia podía ser ilícita y no lo compró.

Las estrategias de las defensas no se limitaron a restar valor a los dispositivos en el contexto de aquella época. Uno de los abogados llegó a plantear formalmente la prescripción del delito para su cliente, esgrimiendo el enorme lapso transcurrido desde que prestó declaración en comisaría hasta su posterior citación en el juzgado.