Un letrado judicial de Ourense se conforma con 4 años de cárcel por revelar secretos y captar mujeres para prostitución

El Juzgado de lo Penal nº 2 acogió este martes la ratificación de la conformidad alcanzada entre la Fiscalía y Alvaro G.R., el letrado de la Administración de Justicia, ya jubilado por una incapacidad, acusado de revelar información reservada de procedimientos de violencia de género y de captar a dos mujeres en situación de vulnerabilidad para que ejercieran la prostitución en un piso de Ourense.

El acusado, que llegó a la sala de vistas del juzgado penal tras permanecer media hora escondido en el baño para eludir a la prensa, aceptó una pena total de cuatro años de prisión, además de multas e inhabilitaciones.

Alvaro G.R., que en el momento de los hechos era letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción nº 3, órgano competente en violencia de género, accedió a datos reservados gracias a su cargo. Conoció a la primera mujer, a la que reveló información, cuando ella acudió precisamente a denunciar a su expareja por violencia machista.

Según el escrito de acusación ratificado hoy en audiencia pública, el funcionario utilizó su posición para filtrar a esa mujer, con la que mantenía contacto por WhatsApp, datos personales, fotografías de índole sexual de personas implicadas en procedimientos judiciales y detalles de investigaciones en curso. Entre la información revelada se incluyen identidades, paraderos, datos de entradas y registros policiales y detalles de agresiones en casos de violencia de género. Uno de los casos fue la muerte violenta de la joven Nerea Añel.

La Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 417.2 del Código Penal.

El acuerdo también recoge un segundo bloque de hechos, por el que el acusado asume un delito de prostitución del artículo 187.1. Entre noviembre de 2020 y febrero de 2021, A.G.R. alquiló un piso en la calle Progreso de Ourense y, conocedor de la precariedad económica de dos mujeres, las contactó para que ejercieran la prostitución en la vivienda. Ambas mujeres comenzaron la actividad pero la abandonaron de forma voluntaria al cabo de un mes.

El pacto de conformidad establece dos penas de dos años de prisión cada una, multas que suman 33 meses y varias inhabilitaciones: suspensión para empleo o cargo público durante dos años; inhabilitación para trabajos relacionados con menores durante cuatro años e inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo mientras dure la condena.

Además, deberá abonar las costas procesales y se abre la pieza de responsabilidad civil para notificar la sentencia a las personas perjudicadas.

El condenado no ingresará en prisión porque ninguno de los dos delitos por separado excede de los dos años de cárcel (en conjunto el margen es hasta los cinco años) pero a cambio deberá abonar una multa de 20 meses a seis euros al día.

El funcionario judicial ya no trabaja en los juzgados de O Couto. Primero estuvo de baja por motivos psicológicos hasta que finalmente le fue reconocida una incapacidad permanente.