QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que Fran Lorenzo es el alcalde en la sombra?
"PUFERO SUPERLATIVO"
Ourense es una ciudad que se ha acostumbrado a vivir en el surrealismo permanente. Pero tras el ruido ensordecedor de los rascacielos de 80 plantas que nunca se levantan, los parques acuáticos que no mojan y los exabruptos en los plenos municipales, late una realidad: la factura que nadie paga. Gonzalo Pérez Jácome no ha inventado la política, pero ha perfeccionado el simpa como herramienta de poder y ha logrado que su caos contable personal y comercial se convierta en modus operandi del Concello que dice gobernar.
Para entender al alcalde acusado de prevaricación y con peticiones de ampliación a malversación agravada y falsedad documental, hay que viajar a 2011. En aquel año, un Jácome todavía “outsider” publicó bajo el seudónimo de Gudinsalvo Ferreira su testamento vital: “Me informaron mal”. Lo que en su momento pareció un simple ejercicio de excentricidad egocéntrica, hoy se lee como el manual de instrucciones de lo que iba a ser su paso por la alcaldía. En esas páginas, el hoy regidor no solo admite, sino que presume de una ética basada en la artimaña, un patrón de insubordinación que arrastra desde su etapa escolar. El propio Ferreira/Jácome confiesa en el libro (¿ficción o realidad?) cómo batió récords de suspensos en los Maristas -llegando a ser el único de 130 alumnos en catear todas las asignaturas de 1º de BUP- antes de ser expulsado. ¿Su excusa? Que los profesores le tenían manía y el sistema educativo no le comprendía. Una justificación calcada a la que esgrime cuando culpa a funcionarios u oposición de sus propios bloqueos institucionales.
Esa resistencia a la norma cristalizó poco después en el servicio militar obligatorio. El libro relata su supuesto plan maestro para eludir la mili en la Armada: comportarse de un modo tan disparatado que le dieran por imposible. Fingió una locura tan profunda -saludaba a los oficiales llevándose la mano al paquete y aseguraba, ya ingresado en el hospital militar, ser un agente 007 italiano- que logró ser expulsado con un certificado de “psicosis profunda”. Aquel joven lo celebró, en sus propias palabras, como “la primera vez que obtenía un éxito personal... contra el sistema”. Esto cuenta él.
Convencido de que “las artimañas existen para momentos así”, no dudó en dar un paso más allá. Como solo tenía el graduado escolar y quería estudiar sonido en Estados Unidos, robó folios con membretes sellados por la Marina para crear unas credenciales que él mismo define como “auténticas falsificaciones”. Puso su nombre, inventó los títulos y fue admitido en la universidad americana. Aquel joven que descubrió que fingir locura o falsificar un documento oficial ahorraba obligaciones y abría puertas es el mismo que hoy dirige Ourense. La lección quedó grabada a fuego: el sistema es un estorbo que se sortea con descaro. Una visión cínica de la moralidad como la que hoy exhibe sin pudor. Este mismo jueves, al inaugurar unas jornadas sobre cibercriminalidad ante decenas de policías y guardias civiles, resumió con sorna su propia filosofía vital: “Siempre que el ser humano pueda hacer trampa como colectivo la va a hacer (...)”. Toda una declaración de vida.
El centro neurálgico de este universo es la tienda Jolper y las Galerías Centrales. Allí, Jácome ha demostrado que su desprecio por lo comunitario es absoluto. Durante una década, ejerciendo como propietario mayoritario de las galerías y ahora presidente de la comunidad de propietarios, ha contribuido a bloquear cualquier arreglo en un edificio lleno de humedades, techos derrumbados y cables al aire. Mientras la Inspección Técnica de Edificios (ITE) era desfavorable desde 2016, Jácome se negaba a pagar derramas, obligando a sus vecinos a un calvario judicial que desembocó en 2025 en una sentencia firme. El Juzgado de Primera Instancia nº 7 tuvo que ordenarle acometer obras de urgencia ante el “grave peligro público” alertado por informes eléctricos. Es el retrato fiel del “Método Jácome”: dejar que el patrimonio común se pudra para no soltar un euro y forzar, según sospechan otros propietarios, un futuro “pelotazo” urbanístico sobre las ruinas.
Ese mismo hombre que bloquea obras en su edificio es el que, en septiembre de 2020, ante una reclamación de consumo por un teclado mal reparado, movilizó a tres patrullas de la Policía Local. El alcalde llamó a los agentes que él mismo dirige para que actuaran como sus “porteros” particulares frente a una pareja de clientes descontentos. El uniforme público al servicio del mostrador privado del jefe.
El cinismo tributario de Jácome alcanza su cima en su relación con la Hacienda pública. Los propios documentos del Concello revelaron que su empresa pagó los impuestos locales sistemáticamente por la vía ejecutiva durante 15 años consecutivos (2007-2022). Durante tres lustros, el alcalde esperó a que la Agencia Tributaria le embargara las cuentas para pagar el IBI de sus locales comerciales. Lo más sangrante es que en cuatro de esos ejercicios ya ostentaba el bastón de mando. Jácome es, probablemente, el único regidor de España que es, simultáneamente, el máximo responsable de la recaudación y su deudor más contumaz, obligando al Concello a liquidarle intereses de demora a su propio jefe por su negligencia fiscal.
Esa resistencia al pago no distingue entre instituciones y pequeñas empresas. La sufrió Viaja Seguro SL, que tuvo que recurrir al embargo de su sueldo en 2017 por el alquiler de una autocaravana de campaña de 2015 que Jácome usó, devolvió con daños y se negó a abonar. Y la sufrió su exabogado y número dos, Miguel Caride. En una de las rupturas más traumáticas de la política local, Caride desveló que Jácome le debía 130.000 euros en minutas. El abogado, harto del calvario, aceptó rebajar la deuda a 30.000 euros solo para perder de vista al alcalde. Jácome presumía de haberle “echado” con ese dinero.
Donde el “método Jácome” se vuelve verdaderamente oscuro es en la gestión del dinero público que fluye hacia su patrimonio personal. Según los informes del Sepblac (Antiblanqueo), el alcalde ingresó más de un millón de euros en una sola cuenta personal entre 2019 y 2024. Los datos diseccionados por la acusación particular son demoledores: mientras su nómina oficial era de 236.000 euros, su partido le transfirió 424.188 euros.
La acusación lo define como una “economía circular de extracción”: el dinero sale del Concello y la Diputación hacia el partido, viaja a la televisión Auria TV bajo el concepto de publicidad y termina, finalmente, en la cuenta personal de Jácome. La coincidencia matemática es insultante: en 2021, sus ingresos privados declarados y el activo total de su partido solo se diferenciaban en dos céntimos.
Los audios publicados por La Región en 2023 completaron el puzle “compra de voluntades”. En ellos se escucha a un Jácome ansioso negociando préstamos con particulares -como el prestamista Arturo- para financiar maniobras políticas. “El Arturo nos dejó 30.000 euros por echar al Caride y ahora hay que meterle a sus sobrina…”, confesaba el regidor. Es la política convertida en un zoco: pedir dinero a un subastero para “comprar” la paz en su grupo municipal y prometer pagarlo con el patrimonio de todos los ourensanos. Este mismo sistema es el que aplicaba a sus asesores, exigiéndoles “mordidas” de su sueldo para mantener la maquinaria de Auria TV, o persiguiendo a voces críticas como la del bombero multado por llamarle “pufero” mientras la plantilla denunciaba impagos y falta de medios.
Jácome ha conseguido que su biografía de inadaptado y falsificador se refleje hoy en la hoja de ruta del Concello que dice dirigir. Ourense es hoy el espejo de sus Galerías Centrales: un lugar con goteras, órdenes judiciales incumplidas y una presidencia que bloquea el futuro para no pagar la cuenta. El BNG le bautizó como “pufero superlativo”, pero sumado lo que debe hasta el superlativo se queda corto.
Y ha creado escuela. Sus más estrechos colaboradores se han contagiado de esa alergia a cumplir las obligaciones legales con Hacienda. Este es el caso de Armando Ojea, quien tuvo su nómina de diputado y la de concejal embargadas. La Agencia Tributaria mantenía dos órdenes de retención de sus percepciones en la administración local desde 2015. Su trayectoria profesional dejaba mucho que desear según los informes de solvencia de empresas especializadas en riesgo empresarial, ya que alertaban entonces que la categoría crediticia del representante de DO era de “alto incumplimiento”, por lo que aconsejaban no realizar operaciones con él por el “elevado grado de riesgo e incertidumbre”, concluyendo que hay “un 100% de posibilidades de impagos”. Todo suena conocido, la misma vieja canción con distinta letra.
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