Nueve concellos lanzan un plan de alquiler social en Ourense

El proyecto Re-Habita Rural Lab echa a andar. La alianza que forman los concellos ourensanos de Oímbra, Boborás, Porqueira, Vilariño de Conso, Xunqueira de Espadanedo, Esgos, Coles, San Xoán de Río y Taboadela con el objetivo de recuperar y rehabilitar el patrimonio rural de los concellos para poner vivienda en alquiler, tuvo ayer su presentación oficial en el consistorio de Taboadela.

En una reunión a la que acudieron representantes de los nueve concellos y miembros de la consultora responsable del diseño del proyecto, se fijaron los primeros pasos a seguir, que tendrán que ver con el reparto de los fondos, la contratación de personal cualificado y la activación.

La iniciativa, que cuenta con una subvención de 260.000 euros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, proyecta habilitar cerca de 200 viviendas en los próximos dos años. La idea es poner en funcionamiento este patrimonio rural a través de la rehabilitación energética y otras formas de habitabilidad como los modelos residenciales comunitarios (cooliving o cohousing) y las viviendas intergeneracionales. El programa buscará poner el foco en cubrir las necesidades de las mujeres y los colectivos vulnerables.

El programa pondrá el foco en cubrir las necesidades de las mujeres y los colectivos vulnerables

Falta de vivienda en alquiler

Entre los motivos que han llevado a los concellos a forjar esta alianza está la falta de vivienda en alquiler. Esta situación ha puesto en alerta a los concellos del rural, ya que más de la mitad de los municipios ourensanos, concretamente el 60%, no cuenta con ninguna vivienda disponible para arrendar. Esta falta de oferta complica sobremanera el objetivo de repoblar el rural ourensano, ya que la gran parte de las viviendas se encuentran en compraventa, dificultando el acceso a los grupos de población con menos recursos económicos.

Además, una de las principales causas de la falta de viviendas de alquiler en el rural ourensano es la desconfianza de los propietarios por posibles okupaciones o desperfectos en sus propiedades. Así lo señalan los propios alcaldes, por lo que el proyecto prevé dotar de seguridad jurídica a los titulares de vivienda para evitar este tipo de situaciones.