La obligatoriedad de la cita previa siembra dudas sobre su encaje jurídico en Ourense

Durante la pandemia, la cita previa se convirtió en una herramienta para evitar aglomeraciones. Lo que nació como una medida sanitaria excepcional ha acabado consolidándose como sistema habitual en muchos servicios públicos, pese a que su encaje jurídico ha sido cuestionado en los últimos años.

La reciente modificación normativa aprobada en Cataluña en noviembre de 2025 refuerza esta idea. A nivel estatal, la legislación vigente no contempla la cita previa como un requisito obligatorio y obliga a garantizar el acceso del ciudadano a la administración. Es decir, se entiende como un instrumento organizativo, pero no como un requisito de acceso.

En este contexto se sitúa el análisis del abogado Diego Gómez, especialista en derecho administrativo, que advierte de que el problema no es su existencia, sino su imposición. “La cita previa voluntaria está muy bien para organizar el servicio, pero lo que no se puede hacer es convertirla en un muro”, explica.

Para entender el fondo jurídico, Gómez recurre a una imagen clara: “El Gobierno es como Fernando Alonso y la administración es su coche. El piloto tiene legitimidad, pero la máquina no, por eso la administración solo puede hacer lo que le permite la ley”. Además, recuerda que la administración debe actuar siempre con sometimiento pleno a la ley y al derecho**, y** prestar un servicio efectivo y próximo al ciudadano.

El problema, a su juicio, es que el sistema actual ha invertido esa lógica. “Es como si en una comunidad de vecinos acabas trabajando para el administrador en vez de al revés”, señala. “El ciudadano está en el centro del sistema y no puede ser que tenga que superar obstáculos para acceder a un servicio que está pensado para él”.

En la práctica, sostiene, la exigencia de cita previa obligatoria en determinados organismos puede situarse fuera de la legalidad. “No hay ninguna norma que permita impedir el acceso a un ciudadano por no tener cita en servicios básicos de atención administrativa”, afirma. Y añade que esta situación puede derivar en lo que define como una “doble ilegalidad”. Por un lado, exigir un requisito no previsto en la ley y, por otro, obligar de facto a relacionarse por vía telemática a personas que no están obligadas a ello.

Brecha digital

Este último punto conecta con la conocida brecha digital. Una parte significativa de la población, especialmente las personas mayores, tiene dificultades para realizar trámites a través de Internet y se siente excluida cuando no existe una alternativa presencial. Para Gómez, esta combinación de cita previa obligatoria y dependencia digital genera un “doble muro” para el ciudadano. “Intentas llamar y no te cogen el teléfono, o tienes que hacerlo por internet y no sabes. Eso no puede ser”, resume.

El abogado reconoce que la organización mediante citas puede ser útil en determinados servicios técnicos o especializados, pero insiste en que no puede trasladarse sin matices a la atención administrativa básica. “Si no tienes cita, aunque tengas que esperar, te tienen que atender”, subraya.

Además, advierte de las consecuencias jurídicas que puede tener este sistema en casos concretos. Si un ciudadano pierde un plazo administrativo por no haber conseguido cita, la responsabilidad no puede recaer sobre él, sino sobre la propia administración por no haber facilitado el acceso.

Mientras algunas administraciones han flexibilizado el sistema, en otras la cita previa continúa siendo, en la práctica, una condición imprescindible. Para el abogado, la clave está en recuperar el equilibrio: “La administración está para servir al ciudadano, no para que el ciudadano se adapte a ella”.