Ourense activa su súper tribunal de instancia

REFORMA JUDICIAL

A partir del 31 de este mes, los 19 juzgados de la ciudad pasan a integrarse en un todopoderoso tribunal de instancia con ocho secciones, incluyendo la nueva de violencia sobre la mujer

Asuntos civiles pendientes ayer del traslado de oficina.
Asuntos civiles pendientes ayer del traslado de oficina. | La Región

Tribunales en vez de juzgados. La nueva terminología también implica otra forma de trabajar. “El principal cambio será la forma en la que le llega al juez el trabajo porque habrá un servicio común de tramitación y otro de ejecución que darán soporte y apoyo a todos los jueces”, explica el juez decano, Leonardo Álvarez.

La conversión de los 30 juzgados de la provincia en nueve tribunales de instancia (Ourense, Ribadavia, Xinzo, Trives, Verín, O Barco, Carballiño, Bande y Celanova) tuvo una avanzadilla con los juzgados de las villas el pasado 1 de julio. El cambio apenas se notó, más allá del nombre, en las villas con un único juzgado, pero en aquellos con dos —Carballiño, O Barco y Verín— las dos oficinas se fusionaron en un servicio común de tramitación para dar soporte y apoyo a las dos plazas de juezas del tribunal de instancia correspondientes. Así, los dos juzgados pasaron a constituirse como un solo tribunal de instancia con una sección única de Civil e Instrucción con dos plazas de juez (plaza 1 y plaza 2).

Con los deberes hechos y el despliegue a punto, el secretario coordinador, Marcos González Joly, sitúa a Ourense como la punta de lanza de la reforma judicial en Galicia, siendo la primera provincia lista para operar bajo el nuevo modelo de instancia desde mañana miércoles. Se crea un tribunal de instancia con tantas secciones como órganos unipersonales existen actualmente, más la sección especializada de nueva creación, Violencia sobre la Mujer. Habrá una sección Civil (seis plazas de magistrado); Familia, Infancia y Capacidad (una plaza); Instrucción (tres); Violencia sobre la Mujer (una); Penal (dos); Menores (una); Social (cuatro) y Contencioso-Administrativo (dos). “Deberán funcionar como órganos colegiados en la toma de decisiones y unificar criterios”, explica González Joly. Para dar apoyo a estas ocho secciones se crearán —añade— “servicios comunes con la plantilla actual de funcionarios, por lo que habrá que reorganizar efectivos”. No afectará a las competencias de los jueces tal como están ahora ni a las normas de reparto.

Uno de los servicios comunes se encargará de la tramitación de los procedimientos hasta la sentencia; un servicio común de ejecución dará cumplimiento a las sentencias dictadas y un servicio común general será el encargado de actuaciones transversales para dar apoyo y soporte tanto al tribunal de instancia como a la Audiencia provincial y a los demás servicios comunes (tramitación y ejecución).

Al frente de cada servicio común estará un letrado de la administración de justicia (LAJ) que asumirá la dirección. El resto de LAJs se integrarán en esos servicios de acuerdo con la relación de puestos de trabajo, por áreas y jefaturas.

El secretario coordinador defiende este nuevo modelo organizativo. “La especialización conllevará la reducción de tiempos en la ejecución de tareas, lo que debe contribuir a bajar la pendencia”. Según González Joly, la organización actual tiene sus bases en el siglo XIX y este nuevo sistema permite reorganizar efectivos bajo criterios de flexibilidad y atender situaciones cambiantes e imprevistas, como la baja de un funcionario o la entrada masiva de asuntos de una materia determinada, como ocurrió con las reclamaciones bancarias. Destaca además que la creación de plazas de juez será más fácil porque no se precisa la dotación de personal judicial como ocurre ahora con los nuevos juzgados.

Por su parte, el sindicato CSIF calificó ayer de “esperpéntica” la transición hacia el nuevo modelo judicial en Ourense. Habla de una absoluta falta de coordinación en el traslado de expedientes y personal. Según el sindicato, la improvisación ha marcado los días previos a la entrada en vigor de la reforma, con escenas de expedientes apilados por el suelo o trasladados en “carritos de supermercado”, y trabajadores que desconocen la ubicación de sus nuevos puestos.

González Joly desmiente el caos. “Se ha organizado la reubicación de las actuales oficinas judiciales y de su personal en los servicios comunes de forma progresiva y ordenada en los últimos meses, con tiempo y planificación, siguiendo un cronograma del que se informó a la junta de personal”.

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