La reforma judicial se aleja de las víctimas del machismo en las villas de Ourense

El mapa judicial de Ourense despide el año con una profunda cicatriz territorial. En menos de 24 horas, entrará en vigor la polémica reforma que arrebata a la inmensa mayoría de los juzgados de las villas la capacidad de instruir casos de violencia machista y de índole sexual. Bajo el paraguas de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, el Gobierno central culmina una centralización que ha puesto en pie de guerra a abogados, procuradores, partidos políticos o incluso a los colectivos sociales que trabajan con las damnificadas.

Hasta los jueces son abiertamente críticos con esta medida. “La comarcalización de los juzgados de violencia supone arrebatarle servicios a las villas y perjudica a las víctimas, ya que alguna de ellas reside a hora y media en coche de la ciudad”, asegura el juez decano del Partido Judicial de Ourense, Leonardo Álvarez.

Seis de los ocho partidos judiciales de la provincia pierden sus competencias en VioGén. Solo O Barco y Trives resisten a una centralización que obliga a las víctimas a desplazarse a la ciudad, en donde habrá una jueza que solo asumirá esa materia. La Xunta asumirá los gastos de desplazamiento, pero tienen la opción de declarar por videoconferencia, si bien los medios existentes no garantizan que sea una solución efectiva, advierte el magistrado. “Implica que los juzgados de las villas deben contar con una sala específica y un funcionario para que la conexión sea factible y ofrecer una asistencia correcta, lo que no siempre será posible, sin olvidar que cualquier trámite por videoconferencia lleva el doble de tiempo que si se hace de modo presencial”, explica el decano.

Los medios telemáticos adquirirán más protagonismo también con los detenidos. La Comisión de Violencia de Ourense acordó que todos los detenidos de la Guardia Civil (todos salvo los de la Policía Nacional en la ciudad) declararán ante la jueza por videoconferencia desde los cuarteles. Algunos, como el de Verín, están de obras, recuerda el decano, y tendrán que ser trasladados a la Comandancia de Santa Mariña en la ciudad. “A la Guardia Civil les faltan medios personales para asumir todos los traslados al juzgado de violencia de la ciudad, así que declararán desde el cuartel”, añade.

Afectados

Desde este miércoles, el Tribunal de Instancia de Ourense asumirá de forma exclusiva todos los casos de violencia machista y agresiones sexuales procedentes de Bande, Celanova, O Carballiño, Ribadavia, Verín y Xinzo de Limia. Una jueza especializada (se creó una nueva plaza) se dedicará a esta materia. Pendiente de que el nombramiento quede recogido en el BOE, la magistrada de violencia de género en Ourense será Isabel Yebra Pimentel, procedente de Instrucción 3 de Lugo. Mientras no toma posesión, habrá una jueza sustituta.

La unificación de esta materia en la ciudad, según recalca el magistrado Álvarez, abre una espita peligrosa: “Medidas como esta vacían de contenido a los juzgados de las villas, que tenderán a desaparecer”. No en vano, destaca que el 80% de los casos que les entran en una guardia “están relacionados con la violencia de género”.

Abogados

También los abogados y procuradores ven más perjuicios que ventajas. Ambos colegios sostienen que esta reforma desmantela la “justicia de proximidad”, un pilar que consideran esencial para proteger a las víctimas en situaciones de extrema vulnerabilidad. Al centralizar las competencias en la capital, denuncian que “se impone una barrera geográfica y económica inasumible para las mujeres del rural, obligándolas a desplazamientos largos y costosos en un estado de máxima fragilidad emocional”. Esta situación, según los letrados, no solo dificulta el acceso a la tutela judicial, sino que actúa como un elemento disuasorio para denunciar, provocando una clara revictimización que contraviene el espíritu de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Ante lo que consideran un perjuicio irreparable, la abogacía ourensana ha pasado a la ofensiva legal. Está en plazo para formalizar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo. Fundamentan su demanda, según explicaba ayer la decana, Marta Gómez, en la posible vulneración de derechos fundamentales y en el incumplimiento de los propios criterios técnicos del Gobierno y el CGPJ para la agrupación de juzgados, como son las distancias y la condición de partidos limítrofes. Además, advierten de que la medida debilita la coordinación entre operadores jurídicos y servicios sociales, ralentizando unos procedimientos donde la agilidad es vital. Por todo ello, instan a las administraciones a revertir la centralización y a mantener la estructura competencial en las villas para garantizar una justicia accesible y cercana a la ciudadanía.

Sindicatos

Alternativas na Xustiza (AXG) califica la medida de “violencia institucional”. Según AXG, la comarcalización no solo impone barreras físicas a las mujeres de las villas, sino que crea víctimas de primera y de segunda: mientras en la capital cuentan con atención presencial y equipos de psicología, en el rural se ven obligadas a declarar ante la “frialdad de una pantalla” por videoconferencia, sin apoyo profesional in situ y con riesgo de revictimización. Además, el sindicato alerta de que la sección centralizada nace “coja”, ya que la Xunta se niega a cubrir cuatro de las nueve plazas de personal previstas, lo que, sumado a la falta de reconocimiento económico por la disponibilidad forzosa de los trabajadores, demuestra que la prioridad de la Administración es el ahorro económico y no la protección real de la mujer.

Gobierno

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, defiende que esta reorganización responde al “interés general” con el fin de prestar una atención especializada y técnica a las víctimas. Argumenta que el objetivo central es “optimizar los recursos disponibles” para ofrecer una respuesta homogénea que garantice el equilibrio entre proximidad y especialización que exige la violencia de género.