Ourense recuperará in extremis 1,4 millones en la Plaza de Abastos por un error del Estado, pero no recibirá los otros 2,3 millones perdidos

El Concello de Ourense acaba de esquivar un duro revés económico gracias a la lentitud de la burocracia estatal, en un sentencia con sabor agridulce para las arcas municpales. Una sentencia de la Audiencia Nacional, fechada el 26 de marzo de 2026, acaba de anular la devolución al Ministerio de Transportes -ya efectuada- de 1.435.265,66 euros correspondientes a la primera anualidad de la subvención para la reforma de la Plaza de Abastos por un defecto de forma.

El tribunal ha dado la razón al Consistorio, pero el fallo deja claro que no es por haber hecho bien los deberes, sino porque la Administración Central dejó caducar el expediente. El ministerio inició el trámite para reclamar el dinero el 8 de julio de 2021 y no emitió su resolución hasta el 29 de julio de 2022, superando así el plazo legal máximo de doce meses permitido por la Ley General de Subvenciones.

Sin embargo, la lectura detallada de los antecedentes recogidos en la resolución judicial deja al descubierto una cadena de negligencias en la gestión municipal, que estallaron de lleno durante el actual mandato de Gonzalo Pérez Jácome. Aunque el primer pago de casi 1,2 millones de euros se ingresó en diciembre de 2015, -con el popular Jesús Vázquez en la Alcaldía-, los plazos para justificar el gasto se incumplieron estrepitosamente años después.

Las fechas

El texto relata que las obras no arrancaron hasta enero de 2020. Tras múltiples peticiones de prórroga por parte del Concello, la fecha límite improrrogable, ampliada excepcionalmente por el impacto de la crisis del covid, quedó fijada para el 7 de enero de 2021. Llegado ese día, el Consistorio ourensano no cumplió con su obligación legal de justificar los fondos.

El despropósito administrativo no terminó ahí. No fue hasta casi dos meses después del vencimiento, el 2 de marzo de 2021, cuando el Concello intentó salvar los muebles enviando de golpe once certificaciones de obra y un escrito de alegaciones redactado por la arquitecta municipal. El Ministerio de Transportes tumbó inmediatamente esta maniobra por considerarla fuera de plazo, subrayando de forma tajante que lo preceptivo era presentar esa documentación mensualmente a lo largo de la ejecución, y no de forma simultánea una vez que el reloj había llegado a cero.

Este retraso motivó que el Estado reclamara la devolución total del dinero junto con más de 244.000 euros en intereses de demora. Una sanción que ahora los juzgados anulan porque el funcionario estatal firmó la orden veintiún días tarde.

Aún así, la victoria para las arcas públicas del Concello, que podrían recuerar 1,4 millones -queda por aclarar si se deben detinar para lamisma finalidad- encierra en realidad una dolorosa derrota económica para la ciudad: la pérdida de la segunda parte de la subvención. El equipo de gobierno local reclamaba en este mismo pleito que se condenase al Ministerio a abonarle la segunda anualidad, cifrada en 2.363.470,22 euros, perdida exclusivamente durante el mandato de Jácome y que nunca se llegó ya a cobrar.

Adiós a la segunda anualidad

La Audiencia Nacional ha rechazado de plano pronunciarse sobre esta petición, recordando que la resolución recurrida se limitaba a la exigencia de devolución del primer pago.

¿Cómo se perdieron esos más de dos millones de euros que el Concello no recupera? La propia cronología de la sentencia aporta la respuesta, señalando de nuevo a la etapa actual de gobierno. Se relata cómo en octubre de 2019, meses después del cambio en la alcaldía, la Intervención emitió un reparo suspensivo que impidió trasladar esta segunda anualidad a otro ejercicio económico. Esto, sumado al retraso en las justificaciones posteriores, resultó ser un obstáculo infranqueable.

La agonía de este segundo pago es, de hecho, el reflejo más crudo del caos administrativo que ha rodeado a la Plaza de Abastos. La ayuda original, concedida por el Ministerio de Fomento a finales de 2015, preveía el abono en dos fases. Al no justificarse los gastos del primer ingreso en los diez meses preceptivos, la segunda anualidad, que estaba prevista inicialmente para el año 2016, tuvo que ser demorada y arrastrada año tras año a los ejercicios de 2017, 2018 y 2019. La cuerda se rompió definitivamente en octubre de 2019, apenas unos meses después de que el actual equipo de gobierno asumiera las riendas de la ciudad.

Fue entonces cuando la Intervención emitió un "reparo suspensivo" que impidió de forma tajante seguir trasladando esa segunda anualidad pendiente a un ejercicio posterior. Sin ese traslado presupuestario, el abono del segundo pago quedó bloqueado.

El golpe de gracia llegó el 7 de octubre de 2020, cuando el Estado comunicó formalmente al Concello la imposibilidad absoluta de proceder al pago de esa segunda anualidad. A pesar de esta realidad, los servicios jurídicos municipales intentaron un último movimiento a la desesperada en la Audiencia Nacional, suplicando en su demanda que se condenase a la Administración no solo a perdonar el reintegro de la primera parte, sino a ingresar los 2.363.470,22 euros correspondientes a la segunda.

El portazo de los magistrados en la sentencia es rotundo: el tribunal declara que no procede hacer "ningún pronunciamiento sobre la segunda anualidad de la ayuda solicitada", zanjando que el pleito se refería única y exclusivamente a la devolución del dinero que sí se había cobrado. De este modo, la ciudad salva el millón y medio inicial por un error de forma del Ministerio, pero ve cómo se esfuman definitivamente 2,3 millones de euros. La sentencia no es firme y admite recurso de casación.