Pagó 14.000 euros a una pitonisa que le prometió sacar a su pareja de prisión

La desesperación de Vanesa S.C., con tres hijos menores a su cargo, para que su marido saliese de la cárcel la llevó a recurrir a los servicios de una vidente con despacho en el barrio de Covadonga en la ciudad y un pueblo de Vilamarín. Gastó un total de 14.090 euros en “unos trabajos de brujería”, según sostiene, y su marido sigue encarcelado. Y seguirá durante algún tiempo más por un asunto de tráfico de drogas.

La clienta demandó a la tarotista, Rebeca D.D., porque, según sostiene, le pagó 14.090 euros, en 14 entregas realizadas entre abril de 2020 y junio de 2021, y su vida no cambió a mejor, tal como le había prometido. Antes lo intentó en la vía penal por un supuesto delito de estafa pero no prosperó.

Según el abogado de la demandante, se encontraba “en situación de especial vulnerabilidad” tanto económica como emocionalmente. Su marido estaba encarcelado y tenía que hacerse cargo ella sola de niños de 1, 10 y 15 años. Hubo un primer contacto telefónico en el que la vidente se presentó como una persona especializada que había ayudado a mucha gente. Le garantizó que la ayudaría en todo y que su vida iba a mejorar.

El abogado sostiene que la vidente doblegó la voluntad de la perjudicada para realizar las entregas de dinero con intimidación. Si no accedía a sus peticiones, “ponía en peligro su vida, con la muerte de la hija, enfermedades …”. Añade que, desde el momento en que se vio descubierta, desapareció por completo y bloqueó las llamadas de Vanesa.

La demanda por nulidad contractual por vicios en el consentimiento y reclamación de cantidad fue admitida a trámite el 12 de marzo de 2024 y la vista se celebró el 5 de marzo de este año.

Vulnerabilidad

La jueza de Instancia 7, Olalla Para, la desestimó el pasado 2 de mayo, aunque el fallo ya fue recurrido ante la Audiencia provincial en apelación.

La clienta de la vidente ourensana planteó que el consentimiento para el pago de esas cantidades “se encontraba viciado por error dada la situación de especial vulnerabilidad en la que se encontraba”. No en vano, el artículo 1.265 del Código Civil establece que “será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo”.

La magistrada no tiene en cuenta la anulación del contrato porque -sostiene- “no ha resultado debidamente acreditado el objeto de la contratación”. Pero tampoco estima la pretensión de la demandante porque no cree que se trate de un error excusable. Y ello porque pudo ser evitado empleando una diligencia media o regular.

“En el caso enjuiciado, el error era fácilmente vencible dado que nadie puede esperar que una persona que desempeña el trabajo de tarotista puede llegar a conseguir, con la contratación de sus servicios, la salida de prisión de quien ha sido privado de libertad por orden judicial”. Para la juzgadora, no es excusa “la angustiosa situación personal y económica en el instante de la contratación de los servicios”.