Perdieron 100.000 euros pagando dos vehículos y pisos que nunca llegaron

Un matrimonio mallorquín acusó ayer a Antonio G.F. de estafarles alrededor de 100.000 euros con la venta de dos furgonetas y pisos en Mallorca.

La mujer, que fue quien más relación tuvo con el acusado, contó que estableció contacto con él por primera vez a través de internet para comprarle dos furgonetas. Antes de hacer el pago, 9.000 euros, hizo junto a su marido diversas comprobaciones y al no detectar nada sospechoso realizó la transferencia. “Vimos que todo lo que habíamos investigado tenía visos de legalidad”, explicaron.

Sin embargo, los vehículos no llegaron y Antonio les devolvió el dinero, lo que les generó confianza. “Nos llamó al cabo de dos meses y nos dijo que ya tenía las furgonetas”, explicó la perjudicada. Como aún tenían necesidad de ellas, le dijeron que seguían interesados y le volvieron a enviar 9.000 euros, pero en esta ocasión tampoco llegaron.

Poco después, explican, el acusado les ofreció un piso en el paseo marítimo de Palma a un precio muy asequible, ya que procedía de subastas. Al matrimonio le interesó y le adelantó 20.000 euros. Posteriormente, les ofreció más propiedades. “Nos va ofreciendo pisos y los vamos pagando”, aseguró la mujer. Sin embargo, las firmas no se producen. “Yo le estoy creyendo todo el rato porque entiendo que puede haber retrasos”, indicó la perjudicada.

Simulación de envíos

Cansados de que no se materialicen los acuerdos, el matrimonio le pide que le devuelva el dinero y el acusado, según explicaron, simuló haberles enviado una transferencia de 92.000 euros y posteriormente 32 transferencias de 1.000 euros cada una. “Ahí fue cuando supe que esto era mentira”, confesó la mujer.

Antonio G.F. contestó en último lugar. En su declaración, no negó los acuerdos a los que llegó con los denunciantes y aseguró que tenía intención de materializarlos, pero no pudo por problemas con los proveedores. En este sentido, explicó que los 20.000 euros que recibe como adelanto de un piso en Mallorca se los envió al proveedor y que este le empezó a dar largas. “Me estaban haciendo la cama”, se lamentó el acusado.

Tampoco negó lo de las falsas transferencias. “Lo hice para ganar tiempo”, afirmó mientras incidía en que intentó en todo momento solucionar la situación. Preguntado por qué no le contó la verdad a los perjudicados, aseguró que no lo hizo porque no lo iban a entender.

El fiscal, Julián Pardinas, reclamó para el acusado una pena de 3 años de prisión y ocho meses de multa a razón de diez euros diarios por un delito de estafa. Además, pide que devuelva a los perjudicados el dinero que les debe. Mayor es la pena que solicita la acusación particular: cinco años por un delito de estafa continuada. Coincide con el Ministerio Público en la responsabilidad civil.

Por su parte, el abogado de la defensa, Román Arias, solicitó la libre absolución de su cliente.