Los placeros acusan al Concello de Ourense de jugar con el futuro de 200 familias

El abogado de los placeros, Juan Carlos González, recordó este miércoles, en su etapa de estudiante, el consejo de un veterano profesor de Derecho de la Universidad de Santiago para aquellos casos con muchos matices e interpretaciones: “Aplicar el sentido común”. Intenta que el juez del Contencioso-Administrativo 2 de Ourense, tras la visita celebrada este miércoles, suspenda cautelarmente la decisión del Concello que obliga a los placeros a desarrollar, por su cuenta, un proyecto de ejecución de obra en el interior, totalmente vacío y sin conexiones eléctricas, y que lo costeen los placeros, unos trabajos que, según valoró la arquitecta Paula Feijóo Calviño, ascienden a algo más dos millones de euros.

Origen del conflicto

En abril, el ente público abrió un expediente para obligar a desalojar la Alameda a principios de 2026 (les daba nueve meses) y los placeros, agrupados en una sociedad mecantil, posteriormente anunciaron que llevarían al juzgado esta cuestión para anular el acto administrativo ya que, entre otras cuestiones, no se cumplieron los términos del convenio de traslado.

El Ayuntamiento quiere a toda costa que los placeros abandonen la instalación provisional que ocupan desde hace siete años - en un primer momento se les dijo que la reforma integral del edificio de 1926 serían 18 meses- en la Alameda. Incluso se le imponen plazos: tres meses para elaborar el proyecto y seis meses para ejecutarlo.

A la entidad que agrupa a todos los placeros solo le quedan seis años de concesión y las exigencias del Concello implican un desembolso inasumible .“Se está jugando con el futuro de 200 familias y sus empleados”, recalcó González. “Se le dice a la concesionaria (la mercantil Comerciantes Asociados del Mercado de Abastos no 1 de Ourense SL) que tiene que realizar una inversión de dos millones de euros para dotar al edificio municipal de instalaciones que ya figuraban inicialmente en el contrato de la concesión y existían en el momento que se produce el traslado a la Alameda, cuando restan seis años de concesión y dicha inversión revertirá en el Concello cuando finalice la misma”, destacó González en la vista. Ya fuera, precisó que sería “un enriquecimiento injusto”.

El abogado contratado por el Ayuntamiento para defender sus intereses, Luis Salgado Carvajales, contraatacó también con argumentos emocionales: “Mientras los placeros no desbloqueen esta situación, hay dos espacios públicos hipotecados para los ciudadanos, el nuevo edificio y el Alameda”. A su juicio, los placeros deben ejecutar un proyecto para ubicar sus puestos, trasladarse al nuevo edificio “y después ya se discutirá quién tiene que pagar” (el Concello mantuvo hasta ahora que es un coste que deben asumir los comerciantes).

Salgado destacó que la medida cautelar interesada (suspensión del acto administrativo para evitar que los comerciantes realicen el proyecto) no comporta en un perjuicio irreparable para la parte demandante. “Incluso de la ejecución posterior del proyecto -aseguró- tampoco se desprende un perjuicio económico”. En sus conclusiones finales, destacó: “Es ajeno a este procedimiento quién debe hacer frente a dichas obras, quién debe pagarlas; lo que aquí se discute es si se puede hacer el proyecto, no existiendo imposibilidad alguna para que los comerciantes presenten un proyecto al Ayuntamiento, y posteriormente se ejecute”.

En las antípodas

En la vista se escucharon dos posturas en las antípodas por parte de dos arquitectas propuestas por las partes. Paula Feijóo Calviño, a favor de los argumentos de los placeros, explicó que no pueden ejecutar las obras y enumeró varios motivos. Recordó que el Concello rechazó el plan funcional (con una propuesta de distribución de espacios, que ella misma redactó) presentado por la mercantil en su día e incluso recordó que el acta de recepción de la obra de rehabilitación no fue firmada por el interventor lo que implica que “no ha sido formalmente aceptada por la Administración, lo que impide el inicio del período de garantía y la liquidación del contrato”. Según este criterio, incluso la asociación de comerciantes no podría promover obras de adaptación en el interior del edificio a falta de una recepción formal, ya que el contrato con la empresa constructora no se ha liquidado y las garantías y responsabilidades de las diferentes obras no quedarían correctamente definidas.

La arquitecta municipal Elvira Carrregado mantuvo que el edificio sí está recepcionado y que los placeros sí están en disposición de realizar un proyecto de reforma interior para la habilitación de los puestos interiores de venta y “todas las instalaciones necesarias para el desarrollo de su actividad”.