Los placeros renuncian a una prórroga y desarman a Jácome

La Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos n.º 1 ha decidido desarmar de argumentos al gobierno local de Ourense. Ante la parálisis administrativa que amenaza la supervivencia del mercado, el colectivo presidido por Emilio González, “Milucho”, Xunta y Diputación han formalizado un giro en la negociación que desmonta las objeciones esgrimidas por el alcalde Gonzalo Pérez Jácome para no permitir las obras de remate del edificio noble. Han puesto sobre la mesa un nuevo esquema que invierte las cargas económicas y en el que los placeros renuncian a exigir una prórroga en la concesión.

Si el pasado noviembre el regidor calificó de “propuesta trampa” la oferta de los comerciantes -alegando que su inversión de 400.000 euros obligaba al Concello a una “doble compensación” mediante la ampliación del contrato—, la nueva fórmula deja sin excusas a Jácome. Según las negociaciones a las que ha tenido acceso este periódico, la Diputación está dispuesta a elevar su aportación hasta los 400.000 euros (frente a los 200.000 iniciales). Como contrapartida, los placeros reducirían su cuota a 200.000 euros, mientras que la Xunta mantiene sus 1,4 millones y el Concello, titular del inmueble, seguiría sin aportar un solo euro.

Este ajuste acorrala la postura de Jácome, ya que los comerciantes le han comunicado su renuncia expresa a solicitar la ampliación del contrato. Ya no piden prórroga: ponen 200.000 euros para adecuar el edificio y se conforman con los siete años que les restan de la concesión actual. De este modo, los afectados aceptan consumir únicamente el tiempo de contrato que les quedaba pendiente cuando fueron trasladados en 2018 -momento en el que el cómputo quedó congelado-, desactivando así el argumento recurrente del regidor de que “no se puede compensar a quien ya fue compensado”.

Con la financiación garantizada por Xunta y Diputación, y retirada la discusión legal sobre la duración de la concesión, el gobierno local parece haber encontrado un nuevo obstáculo: los plazos. El Concello condicionaría ahora la ejecución de las obras a que el traslado al edificio histórico se materialice en marzo de 2027, antes de las próximas elecciones municipales.

Pese a que los tiempos de ejecución de una obra de tal envergadura dependen de los permisos de Patrimonio y de la licitación autonómica -lo que hace difícilmente garantizables esos plazos-, los placeros aceptan el órdago para evitar que el mercado muera en los despachos. Según confirmó ayer Emilio González, la asociación está dispuesta a que, a partir de esa fecha marcada por el alcalde, empiece a correr el reloj de su concesión -los siete años restantes-, estén o no finalizadas las obras y aunque el retraso se deba a “causas ajenas”. Asumen así el riesgo de perder tiempo real de explotación si los trabajos se demoran, con tal de desbloquear el conflicto. “Nos encantaría que se llegase a un acuerdo antes de que el juzgado resuelva, por el bien de las dos partes y también de la ciudad”, insiste González.

Normalidad

Ayer, 9 de enero, vencía el ultimátum decretado por Jácome para el desalojo forzoso de las instalaciones provisionales de la Alameda. Sin embargo, el mercado sigue operando con normalidad al estar paralizado el desahucio por el juzgado, que estudia ahora las alegaciones sobre las medidas cautelares solicitadas por los placeros. Mientras los tribunales deciden sobre la urgencia del desalojo, la realidad es que la nueva oferta de los comerciantes deja al gobierno municipal sin excusas técnicas ni económicas para no firmar el convenio que devuelva, de una vez por todas, la actividad al edificio histórico