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PRISIÓN PROVISIONAL
El titular de la Sección de Instrucción (plaza número 1) del Tribunal de Instancia de Ourense ordenó a última hora de la mañana de este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para Manuel R.I., como presunto autor de un delito contra la salud pública. La decisión judicial se produce tras una exhaustiva redada llevada a cabo en la tarde del lunes por el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en el céntrico barrio de O Couto, que se ha saldado con el desmantelamiento de un importante punto de distribución de sustancias ilícitas. El operativo policial tuvo su epicentro en un tercer piso del número 17 de la avenida de Portugal, donde la inspección del inmueble comenzó a las 19,30 horas y se prolongó durante casi tres horas, dándose por concluida poco después de las diez de la noche.
Durante el registro del domicilio, los agentes hallaron un botín que confirma la magnitud del negocio. En total, la Policía Nacional se incautó de algo más de medio kilo de cocaína, 8 kilos de hachís y 70.000 euros en dinero en efectivo. Según fuentes policiales, el ahora encarcelado había tomado precauciones para ocultar la mercancía, ya que la droga no se encontraba a la vista, sino que estaba escondida en varios muebles y armarios de una habitación secundaria, contigua al dormitorio principal de la vivienda. En esta misma estancia, los efectivos localizaron también diversos útiles de pesaje destinados a la preparación de las dosis. El operativo se extendió también al garaje del edificio, donde los agentes procedieron a la incautación de dos vehículos propiedad del investigado.
Las pesquisas apuntan a que Manuel R.I. se dedicaba al tráfico de drogas a tiempo completo, siendo esta su única fuente de ingresos. Para evitar levantar sospechas en su propio bloque, el detenido mantenía la estricta regla de nunca realizar transacciones en el interior del piso. Su método consistía en utilizar la vivienda de la avenida de Portugal únicamente como lugar de almacenaje, mientras que el trapicheo y las ventas las llevaba a cabo siempre en las inmediaciones del edificio y en las calles aledañas.
Tras pasar a disposición judicial, el juez decretó el ingreso en prisión alegando tres motivos fundamentales: el evidente riesgo de reiteración delictiva, al constar que el detenido carece de trabajo y el tráfico es su única forma de vida; la gravedad del delito, dadas las importantes cantidades de estupefacientes intervenidas; y el alto riesgo de fuga, ya que la incautación de los 70.000 euros demuestra que dispone de la liquidez.
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