Recurren el caso por la muerte en el Sexto por “responsabilidad en cadena”

La batalla judicial por la tragedia del Instituto Julio Prieto Nespereira (el Sexto) continúa abierta. El caso busca depurar responsabilidades por la muerte en 2022 de un estudiante de tercero de la ESO, que fue aplastado por un muro en los vestuarios masculinos. La representación legal de la familia presentó un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra la decisión de la Sección de Instrucción Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Ourense, que acordaba el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

El fatídico accidente se produjo sobre las 14,00 horas del 26 de octubre de 2022, cuando un tabique de separación de las duchas del vestuario masculino del IES colapsó de manera repentina. La estructura se desplomó sobre dos alumnos, provocando la muerte de Manuel F.M., de 14 años.

El recurso basa sus argumentos en los hallazgos de los peritos tras revisar los restos de la pared desplomada. Los técnicos detallaron en su informe que la estructura colapsada era un muro de ladrillo de 2 metros de altura por 2,85 metros de longitud, cuyo peso total rondaba la tonelada.

Una pared sin sujeción

El principal fallo constructivo radicaba en que esta pesada estructura carecía de la sujeción necesaria:no estaba enganchada ni arriostrada al techo ni a las paredes laterales para garantizar su firmeza. La pared se sustentaba únicamente sobre el suelo mediante un recrecido de mortero y tres anclajes de acero corrugado dispuestos de forma aleatoria, los cuales resultaban del todo insuficientes para soportar semejante carga y cumplir con su función de seguridad.

Esto contradice por completo los planos del arquitecto que diseñó la obra en el año 2001, quien declaró ante el juez que él había dejado previsto en el proyecto que ese tabique tenía que ir obligatoriamente sujeto tanto al suelo como al techo para que fuera seguro.

Frente a la decisión de la jueza de culpar únicamente al director de obra y al director de ejecución, ambos ya fallecidos, la acusación exige que la causa siga adelante contra siete investigados porque considera que la tragedia fue fruto de una “clara responsabilidad en cadena”. En primer lugar, apunta hacia tres funcionarios de la Consellería de Educación, Jesús Manuel Á.F.; María Inmaculada P. R. y María Jesús P. M. Asegura la acusación particular que firmaron las actas de ocupación y recepción de la obra sin poner ninguna pega, a pesar de que el muro estaba mal hecho y sin sujetar, un peligro que según la acusación era fácilmente detectable por una somera inspección ocular. Por otro lado, destaca la responsabilidad de los administradores de la empresa constructora, Servando G. C. y Román G. C. Se señala especialmente a Servando, que era el encargado de estar en el día a día de la obra y a quien le incumbía asegurar que la pared se construyera de forma segura.

Finalmente, el representante legal de la familia de la víctima también reclama imputar a los técnicos de la empresa de control de calidad GOC, Yolanda G. R., Belén F. Q. y Enrique Vicente T. V. Según sostiene, estos profesionales dieron el visto bueno en sus informes sin avisar de que el muro se había construido de forma deficiente y distinta a los planos originales, haciendo que sus visitas de control resultaran ineficaces al no recoger ninguna incidencia en las actas correspondientes.