Otro revés judicial para el edificio de franciscanos en Ourense

El conflicto urbanístico más complejo de la última década en Ourense suma un nuevo giro judicial. La plaza número 2 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Ourense ha desestimado el recurso de la promotora del edificio anexo a los Franciscanos, en la confluencia de las calles Cardenal Quevedo y Xocas, avalando la decisión del Concello de rechazar su regularización.

Tras una sentencia de 2023 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que exigía al promotor un proyecto para legalizar el inmueble, la constructora optó por la vía de intentar modificar su licencia original, que suscitó en febrero de 2024 el rechazo del Concello. Tras el recurso de la empresa de José Benito López, el juez avala el rechazo municipal recordando que esa opción es solo para obras en curso y no puede utilizarse para convalidar, a posteriori, desviaciones sustanciales ya consumadas. Ahora, el único camino legal que le queda es reponer la legalidad o pedir una nueva licencia integral adaptada a la norma actual.

La sentencia da por bueno el argumento del Concello de que los vuelos de la fachada superaban el máximo permitido en 1986 en un 87%. Además, tumba la principal queja del constructor: que otros edificios idénticos de la ciudad sí tienen permisos. El tribunal aclara que aprobar obras similares en el pasado no obliga a permitir una infracción hoy, ya que no se puede “exigir la igualdad dentro de la ilegalidad”.

Pese al varapalo y a la condena en costas, José Benito López mantiene el pulso. Advierte que respeta la sentencia pero que no la comparte “en absoluto” e interpondrá recurso de apelación en breve. El constructor subraya que el rechazo se debe a una “cuestión meramente formal y semántica” por el nombre del trámite administrativo. Su defensa insiste en que la sentencia “en ningún momento analiza si los vuelos realizados son legales o no”, sino que se limita a remitirles a presentar un nuevo expediente de legalización para que el Concello haga por fin ese análisis.

Para entender la parálisis, que bloquea una inversión de cuatro millones y 12 viviendas, hay que volver a 2017. Tras acabar la obra, el Concello denegó la ocupación. El caso se complicó al desaparecer varios folios en Urbanismo, desatando acusaciones de prevaricación, comisiones de investigación y pancartas de protesta. El futuro del inmueble queda en manos del TSXG.