Archivo de la Operación Pokémon que hundió el bipartito en el Concello de Ourense: mucho ruido, cero pruebas

El exalcalde socialista de Ourense Francisco Rodríguez tenía 57 años cuando, a las ocho de la mañana del 12 de septiembre de 2012, se disponía a salir de su piso en Jesús Pousa, en el barrio de A Ponte, hacia la alcaldía, en la Praza Maior. La rutina de todos los días se vio truncada por cuatro policías de Vigilancia Aduanera que lo esperaban en el portal. En ese momento, solo le dijeron que la jueza de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara, había ordenado su detención en el marco de la llamada Operación Pokémon contra la corrupción política. Lo trasladaron a la Comisaría pontevedresa y allí permaneció dos días en el calabozo sin saber absolutamente nada de lo que ocurría en el mundo, incluido el suyo.

El exconcejal del BNG Fernando Varela tenía 52 años cuando una semana después, el 26 de septiembre, pasó por un desenlace similar. Eran las 7:45 horas de la mañana y se disponía a entrar en casa, tras pasear a su perro Swin. En ese instante, los agentes de Vigilancia Aduanera le arrestaban por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Antes de ser conducido al juzgado de Lugo, fue atendido en el hospital por un cuadro agudo de ansiedad. Su estado de salud, en esa época, era frágil. Esa misma noche, ya de madrugada, pudo dormir en Ourense. De Lara lo interrogó a las 21:00 horas y, tras 45 minutos, quedó en libertad con fianza de 3.000 euros.

Han pasado más de 10 años

Más de una década después desde que los cimientos de la política local ourensana se tambalearon, en la mañana del lunes, el juez de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, comunicaba a Rodríguez y a Varela que la principal pieza de la Pokemon en Ourense, la misma que les apartó del grupo de gobierno bipartito, quedaba archivada.

El exalcalde ahora tiene 70 años y el exedil de Deportes, Vivienda y Rehabilitación Urbana, 65. La causa también se sobresee para el exjefe de la Policía Local Aberlardo Ulloa, alias “el Bigotes” en el sumario.

Trece años después, la trama ourensana de la Pokemon quedó en papel mojado con un reguero de perjudicados, incluida la jueza de Lugo. Esta última fue sancionada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la forma caótica de instruir la macrocausa política, sin otros precedentes en Galicia, con cerca de cien imputados en las cuatro provincias (hasta siete alcaldes investigados en algún momento). Su sustituto, Joaquín Brage Camazano, acordó el 28 de diciembre de 2021 despiezar el sumario en 33 piezas y repartirlas por los distintos juzgados competentes en función del lugar en donde sucedieron los hechos (ocho de ellas se enviaron a Ourense).

El auto judicial notificado el lunes despeja las sombras que pesaban sobre el exalcalde socialista Francisco Rodríguez Fernández, el exconcejal del BNG Fernando Varela Parada y el entonces jefe de la Policía Local, Álvaro Abelardo Ulloa Pardo. La instrucción investigaba si estos cargos públicos habían recibido cantidades en metálico -se llegó a hablar de partidas de entre 6.000 y 7.000 euros- por parte de Vendex a cambio de favorecer a la mercantil en concesiones como la grúa municipal, el servicio de la ORA o el contrato de la limpieza del pabellón.

El magistrado Leonardo Álvarez Pérez, del Tribunal de Instancia de Ourense, es contundente al señalar que “ninguna prueba se ha practicado a lo largo de la presente instrucción a la hora de acreditar la realidad de tales afirmaciones”. El juez argumenta que la acusación se basaba casi exclusivamente en declaraciones de otros coinvestigados, como José María Tutor (delegado de Vendex en Galicia) o Adrián Cordero (responsable en la ciudad), que no han sido respaldadas por indicios objetivos. El ministerio fiscal hacía meses ya que también había reclamado el archivo.

Los papeles de Vendex

Aunque en la causa figuraba documentación interna de la empresa Vendex que sugería posibles pagos a políticos del PP y del BNG, el auto subraya que dichos papeles fueron elaborados de forma unilateral por la empresa. Los informes policiales utilizaban términos como “posible” o “presumiblemente”, pero el juez destaca que no se ha podido demostrar que el dinero llegara efectivamente a manos de los investigados o que estos dictaran resoluciones a favor de la empresa.

En el caso particular del exjefe de la Policía Local, Álvaro Abelardo Ulloa, el magistrado admite que este reconoció haber recibido obsequios -como plumas o un reloj-, pero aclara que tales regalos no constituyen un delito de cohecho ni se tradujeron en privilegios para la concesionaria. El auto señala que, aunque Ulloa pidió a responsables de Vendex un empleo para una conocida, la empresa se lo denegó. Para el juez, esto es una “señal inequívoca” de que se trataba más de un favor personal que de una “venta de influencias” hacia los intereses de la mercantil.