El Supremo condena al Concello a pagar 5 millones por la depuradora de Reza

El Concello de Ourense, que tendrá que pagar más de 4,5 millones por las facturas impagadas por la obra de la depuradora de Reza, en la cual se perdió una parte importante de los fondos europeos. El Tribunal Supremo acaba de tumbar el recurso de casación presentado por el Concello -que decidió presentar en 2022-, y ya no queda otra salida que pagar.

Así, el Concello tendrá que abonar 4,49 millones de euros más los intereses generados desde entonces (las obras se acabaron en el primer semestre de 2017) a Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), la sociedad estatal reclamante. El origen de este pleito se remonta a la finalización de las obras de la depuradora de Reza y la pérdida de fondos europeos por el retraso en las mismas. El 25 de enero de 2012 se firmó un convenio entre Sociedad Estatal de Aguas de la Cuenca del Norte, Xunta y Concello de Ourense para ejecutar y las obras de la nueva EDAR (Estación depuradora de aguas residuales) de Reza.

En dicho convenio, se establecía que Acuanorte pagaría un máximo de 47,17 millones, con cargo a subvenciones europeas de los fondos Feder; mientras el resto sería aportado por el Concello.

Sin embargo, la obra acabaría en abril de 2017, mucho más tarde del límite (31 de diciembre de 2015), perdiendo así parte de los fondos Feder de las obras certificadas a partir del 1 de enero de 2016. Ahí llega el punto del conflicto. En el convenio se recoge de forma “muy clara”, según el Supremo, que la cláusula III a) del convenio, en los términos de la segunda adenda, establecía que “el resto de la inversión no cubierta con los fondos previstos en los apartados anteriores será financiada con aportaciones directas del Ayuntamiento”.

Así, pese a que el Concello se opuso asumir el sobrecoste por la pérdida de fondos europeos, la Justicia sostiene que así estaba firmado en convenio, desestima el último recurso del Concello, y condena al pago de 4,5 millones más intereses y costas.

Termina un largo periplo judicial. En noviembre de 2019, en prima instancia se condenó al Concello a pagar solo 61.543 euros más intereses, pero tanto el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en diciembre de 2021, como ahora el Supremo, lo elevan a 4,5 millones.