La UVigo debe pagar 346.000 euros por la urbanización de entorno de la residencia de estudiantes en As Lagoas

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso impulsado por la Junta de Compensación del Polígono de As Lagoas (Zona 4 del SU-25), condenando a la Universidad de Vigo a abonar 285.961,38 euros (más IVA) por los gastos de urbanización del entorno de la residencia universitaria ourensana.

Ante este revés judicial, la institución académica ha señalado que “respeta las resoluciones judiciales”, si bien ha avanzado que sus “servicios jurídicos están analizando esta resolución para valorar las actuaciones que procedan”, lo que deja la puerta abierta a presentar un recurso de casación.

El pleito tiene su origen en un convenio urbanístico del año 1998. El Concello de Ourense entregó de forma gratuita a la Universidad una parcela de unos 5.500 metros cuadrados para la construcción de una residencia de estudiantes. A cambio de esta cesión, la institución académica se comprometió a sufragar el 19,42% de los costes totales de urbanización del polígono (dotación de calles, infraestructuras y servicios básicos).

Para contextualizar este “procedimiento urbanístico de larga trayectoria”, desde la UVigo recuerdan que en el año 2021 una resolución judicial ya había fijado su participación en estos costes, “quedando pendiente su concreción económica en la fase de ejecución”, que es precisamente el debate sobre las cifras que acaba de resolver ahora el TSXG.

Inicio de los problemas

La Universidad sacó a concurso el proyecto y la empresa concesionaria terminó de construir el edificio en 2001, pero el problema surgió de inmediato. Según explica la representación legal de los propietarios, “la concesionaria ni siquiera realizó las obras de urbanización elementales a que venía obligada por la propia licencia”. Tras una intensa batalla en los tribunales, la justicia ordenó la clausura de la residencia, que permaneció cerrada durante años hasta que, en 2015, la Junta completó la primera fase de la urbanización y permitió su reapertura.

Desde entonces, intentó negociar el cobro de la deuda sin éxito. “La Universidad por su parte ha declinado siempre cualquier tipo de conversación con la Junta”, lamenta el abogado de los propietarios, Antonio Feijóo Miranda, sobre la actitud de la institución educativa a lo largo de todos estos años.

Con el recinto reabierto y las obras de la fase 1 finalizadas, la Junta reclamó el dinero en los juzgados, pero en primera instancia (en enero de 2025) se dictaminó que la Universidad no debía pagar nada hasta que se completasen todas las fases restantes del polígono.

Ahora, el TSXG ha dado la razón al recurso de la Junta y ha revocado esa decisión. Tal y como aplaude el letrado Feijóo Miranda, “el tribunal considera que no hay motivo para posponer el pago que a la Universidad de Vigo corresponde (...) porque esta ha sido ya culminada y entregada”. La Sala destaca, además, que condicionar el pago a las fases 2 y 3 es ilógico porque estas tienen una “difícil viabilidad”.

Para calcular la cifra estipulada en la sentencia, el tribunal determinó que el coste de acondicionar esta primera fase fue de 1.472.509,67 euros netos, una vez descontados 245.000 euros que ya había adelantado la concesionaria.

Al aplicar el 19,42% pactado en el convenio, la condena directa fijada por el juez para la Universidad es de 285.961,38 euros. Al sumarle a esa base el IVA correspondiente, el importe definitivo supera con creces la barrera de los 300.000 euros (alcanzando los 346.013,26 euros aportados en los cálculos del proceso).

Aunque la UVigo valora recurrir esta sentencia, Feijóo Miranda ya ha lanzado una advertencia de cara al futuro. Pese a que los jueces ven muy difícil que las fases 2 y 3 lleguen a desarrollarse, el abogado recuerda que este fallo se corresponde únicamente con el coste de la primera etapa, por lo que avisa de forma tajante: “Cuando se urbanice la parte restante del polígono la Universidad habrá de abonar también el 19,42% de todos los costes de urbanización”.