Vecinos de Ourense piden expedientar a un técnico de Urbanismo por la discoteca Desorden

DENUNCIA DISCIPLINARIA

Los vecinos de Ourense denuncian incompatibilidad y falta de imparcialidad en el caso Desorden

Técncios del Concello de Ourense, en unas mediciones en la discoteca.
Técncios del Concello de Ourense, en unas mediciones en la discoteca. | Miguel Ángel

La comunidad de propietarios de los edificios colindantes a la discoteca Desorden —local que en etapas anteriores operó como Dayamon o Fifties— situada en Valle Inclán ha formalizado una denuncia disciplinaria y la recusación del Técnico de Administración General (TAG) del Concello de Ourense, Bienvenido Fernández.

El escrito de la representación vecinal, encabezada por el abogado Antonio Feijóo Miranda, sostiene que el funcionario incurre en una presunta incompatibilidad al desarrollar actividades de asesoramiento jurídico privado para el Concello de Celanova a través de la sociedad Bicafer Gestión e Inversiones S.L., vinculada a su entorno familiar.

La denuncia detalla que Fernández habría elaborado informes jurídicos y bases de convocatorias, facturando a través de la mercantil, “de la cual son socios y administradores su ex cónyuge e hijos”. Los afectados subrayan además una “notoria y estrecha amistad” con el letrado que defiende a la titular de la discoteca, OurenseBaila S.L., lo que, a su juicio, compromete la imparcialidad de los informes municipales.

Esta ofensiva jurídica responde a las mediciones acústicas con las que el Concello ha justificado la continuidad de la actividad. Los vecinos las consideran “vagas” y sin finalidad concreta, y condicionan nuevas pruebas a la elaboración de un informe integral de aislamiento acústico conforme al Decreto 106/2015 de Galicia.

También exigen la aplicación estricta del Real Decreto 1367/2007, incluyendo factores correctores por ruidos tonales, impulsivos y de baja frecuencia (graves), que —según denuncian— no se están teniendo en cuenta y elevan el nivel real percibido en las viviendas.

La representación legal califica de “manifiesta ilegalidad” que el Concello permita la apertura con una licencia de 1982, al considerar que el actual sistema de sonido supone una modificación sustancial. Ante la desconfianza en la neutralidad municipal, los vecinos reclaman que cualquier estudio sea realizado por una entidad independiente.

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