Los vecinos de Valle Inclán se movilizan para forzar el cierre de Desorden: “Es de república bananera”

El caso Desorden explotó este martes, en la reunión abierta de las comunidades de vecinos afectadas por la nueva discoteca de Valle Inclán -antiguamente Dayamon o Fifties-, donde denunciaron públicamente un “compadreo” de los técnicos del Concello con los dueños del establecimiento y se mostraron dispuestos a llegar hasta el final. La comunidad de vecinos alzó la voz en una multitudinaria reunión, en la que se denunció la conexión de los promotores de la discoteca con el hijo de Bienvenido Fernández, el técnico de Urbanismo que habilitó la reapertura con un informe que no le correspondía, además de urgir que se tomen cautelares de cierre, ya que el abogado Antonio Feijóo Miranda les avisó del tortuoso camino que les espera: “Si no hay cautelares, auguro dos años de infierno”.

La multitudinaria reunión de vecinos se convirtió en una denuncia frontal contra la discoteca y contra el funcionamiento del área de Urbanismo del Concello, en presencia de representantes de los tres grupos de la oposición (PP, PSOE y BNG). El presidente de la comunidad de vecinos de los edificios Ramón Cabanillas, 7; Valle Inclán, 3, y Santo Domingo, 64, que impulsó la petición de cautelares, Miguel Bernárdez, explicó ante un centenar de asistentes, muchos de otros edificios del entorno, las “irregularidades escandalosas y manifiestas” en todo el procedimiento para abrir la discoteca, mostró públicamente fotografías del hijo del técnico Bienvenido Fernández junto a los dueños de la discoteca en un viaje en Tailandia, y afirmó que todo este proceso liderado por Bienvenido tuvo “por único objetivo que los amigos de su hijo abrieran la discoteca”.

Además, se relató una cronología polémica. Así, contó cómo cuando los vecinos empezaron a moverse y se personaron en todos los expedientes de la discoteca, los promotores de la misma cambiaron de abogado y contrataron a Javier Calvo, letrado que es “amigo y abogado personal” del jefe de Licencias del Concello, Alfonso Pavón, un hecho que los vecinos tacharon de “escándalo”. A esto se suma que hicieron obras sin permiso y, cuando solicitaron el mismo, se les concedió “en solo dos horas”, un hecho insólito en la atascada Concejalía de Urbanismo. Y, por si fuera poco, los promotores de la discoteca presentaron un cambio de titularidad de la licencia de la discoteca “sin firmar por el anterior titular”. Son tantas, dijeron, las irregularidades, detectadas que “algunas se nos habrán pasado”.

Por su parte, el abogado contratado de los vecinos, Antonio Feijóo Miranda, detalló el subterfugio que el técnico Bienvenido se sacó de la manga para permitir la reapertura siempre y cuando dejasen el local “en condiciones equivalentes” a la licencia de 1982, y lamentó que todo esto se permitiese con una “comunicación previa de transmisión de licencia”, obviando que, tras las modificaciones sustanciales realizadas clandestinamente en 2019, la propia jurisprudencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia exige una licencia acorde a la normativa actual. El letrado puso el foco en los técnicos y censuró que el Concello no exigiese un informe de aislamiento acústico que garantice el cumplimiento de la ordenanza de ruidos de 2002.

Algunos vecinos intentaron impulsar una denuncia penal por prevaricación y, aunque el abogado no lo descartó, recomendó priorizar la vía contencioso-administrativa, ya que una querella podría paralizar el procedimiento en el que se solicitan las medidas cautelares, el único cauce donde se puede conseguir una suspensión temporal de actividad. Feijoo Miranda advirtió que la inacción municipal se ha prolongado tanto que la clave es la rapidez: “Mi solicitud está sólidamente fundamentada. Si no hay cautelares para suspender la actividad, la espera de un juicio son dos años de infierno para todos”.

La frustración se expresó sin filtros. Una vecina lamentó que se dé más importancia a las amistades que al descanso vecinal -”esto parece una república bananera”-, y otros avanzaron que podría haber una desgracia -”mirad el incendio de Alcalá 20 en 1983”-, al tiempo que lamentaron la inacción policial.

El Concello hará una medición a las 11 de la mañana y los vecinos piden recusar a Pavón

El conflicto de la discoteca Desorden ha entrado en la fase final para conocer si se adoptan medidas cautelares de cierre, con las comunidades de vecinos y la empresa OurenseBaila cruzando duros escritos que elevan las acusaciones de presunto compadreo en Urbanismo mientras se espera una decisión crucial del juez sobre el futuro del local.

El abogado de los vecinos ha presentado un escrito formal solicitando la recusación del Jefe de Servicio de Licencias, Alfonso Pavón Vidal, además de las alegaciones ya presentadas contra el técnico Bienvenido Fernández. Feijóo Miranda justifica la medida aludiendo a la “estrecha relación profesional” que mantiene Pavón con el abogado de la discoteca, Javier Calvo, además de la existencia de un expediente de responsabilidad patrimonial impulsado por él mismo contra Pavón y contra Bienvenido en Celanova, como publicó este periódico, que demostrarían “enemistad manifiesta” con el abogado vecinal.

Además, se avanzó que el Concello, ahora sí, movió ficha y comunicó que realizará por fin una medición de ruidos el próximo miércoles 26 de noviembre en los pisos afectados. El letrado calificó la prueba de “estrategia procesal” forzada por el escándalo y exigió al Concello que aclare si se utilizará la normativa en vigor, criticó el horario de la prueba, fijada a las 11 de la mañana, una hora ajena al funcionamiento de la discoteca.

Por su parte, el abogado de la discoteca, Javier Calvo, ya ha presentado la oposición a la medida cautelar de cierre, negando que haya urgencia que justifique el cierre, y asegurando que la actividad es segura, defendiendo que, aunque la licencia sea de 1982, se han adoptado “múltiples medidas modernas de protección” contra incendios, incluyendo un Plan de Emergencia y sistemas de detección actuales.

La defensa de la discoteca se centra en el ruido, dirigiendo la responsabilidad a los propios vecinos, acusando de “mala fe” a algún propietario por impedir mediciones, algo que rechazaron de plano ayer en la asamblea.